La primera en tomar la palabra fue la presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales 29-O, Rosa Álvarez, quien, al igual que la vicepresidenta de la misma entidad, Carmina Gil, asistió ataviada con una camiseta que exhibía la imagen de su familiar fallecido, y a cuya espalda se leía: «No ha muerto, la han asesinado».
Álvarez agradeció la creación de la comisión, pese al voto en contra del PP y Vox, y que se haya decidido que las víctimas abrieran las comparecencias. «Eso nos hace recuperar la confianza en las instituciones y sentirnos un poco más cerca de conseguir justicia y reparación», dijo, en referencia a su experiencia de no haber sido citadas en el Senado y ser convocadas «en el último momento» por la Diputación Valenciana.
La presidenta denunció que se pusieran en las más altas esferas de la política a «personas que no sabían gestionar las emergencias». «A nuestros familiares no los mató el clima. Los mató la mala gestión, la falta de respeto por la ciencia, la falta de previsión, los mató una alerta que cuando llegó ya habían muerto», añadió.
La dimisión de Mazón ha sido un alivio
Álvarez manifestó que la comisión no servirá para «condenar a nadie», pero sí debe tomar medidas para evitar que ocurra algo similar en el futuro. Asimismo, afirmó que la dimisión de Mazón no aminora su dolor, pero significa un «alivio moral y una victoria social» que «el máximo responsable» de su desgracia «ya no representa a un pueblo que se puso en pie» tras la catástrofe. «Mazón no será más honorable presidente de la Generalitat. El primer paso es realidad. Mazón dimisión. Nos queda el segundo. Mazón a prisión. Estamos más cerca», aseguró.
Preguntándose retóricamente cuántas veces debía morir su padre para que los responsables de estas muertes reconocieran sus errores, manifestó su deseo de que la muerte de su padre y del resto de víctimas «ni quede impune ni sea en vano».
Tras escuchar a los portavoces de los grupos, Álvarez agradeció el tono y la predisposición de los mismos, esperando que sea «real, y no para las cámaras». También dejó claro que las víctimas no están «politizadas», sino que tienen «criterio propio» y lucharán para que la justicia actúe sobre los responsables, a quienes tacharon de «infames».
No queremos compasión, queremos verdad
La segunda en comparecer, Carmina Gil, rompió a llorar recordando a Rosa, su suegra, usuaria del servicio de teleasistencia, que falleció sin ser avisada de lo que estaba ocurriendo. Criticó la «ausencia de liderazgo» en la gestión y el «abandono institucional» que sufrieron las víctimas.
«Cuando la prevención se cambia por la indiferencia, las consecuencias son vidas humanas, con nombres, apellidos y familias que aún esperamos respuestas», dijo. «No pedimos compasión, pedimos verdad; no queremos minutos de silencio, queremos responsabilidad», añadió, resaltando que los días de la tragedia «falló la planificación, la coordinación, la respuesta y, sobre todo, falló la responsabilidad de un Gobierno autonómico».
Actualmente, Gil sostiene que la dimisión de Mazón no es suficiente, ya que «lo ha echado el mismo pueblo que lo eligió, el mismo que lo repudia por mentiroso, por incompetente y por mala persona», y que deja «un rastro de incompetentes, cómplices de esta barbarie», incluyendo al PP y Vox, socios en el Govern valenciano.
Durante el último año, denunció que el Gobierno de la Generalitat no sólo les había «despreciado», sino que no se había reconocido a sus familiares fallecidos, y se les había «ignorado», «ridiculizado», «menospreciado» e «insultado».
Ernesto Martínez Alfaro, quien perdió a su hermana y a su sobrina Elisabeth Gil, también compareció. Como técnico de prevención, afirmó que si el protocolo se hubiera activado «en tiempo y forma», se habrían salvado vidas, como ocurrió en riadas anteriores.
Mazón: «no mea colonia ni es un semidios»
Martínez Alfaro resumió que «los protocolos funcionan, aquí lo que falló fue la persona», señalando que si un piloto se tira en paracaídas y deja un avión a su libre albedrío, es probable que las 229 personas a bordo mueran. Criticó que Mazón, quien prefirió dar prioridad al «interés económico» en lugar del humano durante la emergencia, no debería estar «fuera de la ley».
A preguntas del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, sobre si consideraba responsables al Gobierno central por las muertes, fue claro en que la competencia era autonómica, aprovechando para pedir elecciones anticipadas: «En Valencia queremos votar, queremos elegir, no que elijan otros», reclamó.
Las intervenciones de Gil y Martínez Alfaro fueron aplaudidas por los representantes del PSOE, Sumar y sus socios de investidura, pero no recibieron el mismo respaldo del PP y Vox.
Al inicio de la sesión, la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez Ramírez, expresó su deseo de que su trabajo sirva, si no para que las víctimas encuentren «consuelo», al menos para que «haya justicia». Prometió que la comisión será un espacio de «escucha y reconocimiento» que permita arrojar luz sobre lo que ocurrió aquel fatídico día.
