Madrid, 14 de febrero (EUROPA PRESS) – Marruecos ha desarrollado finalmente su plan de autonomía para el Sáhara Occidental, que presentó en 2007, tal y como reclamaba la reciente resolución 2797 del Consejo de Seguridad. La propuesta ofrece a la antigua colonia española un autogobierno, dirigido por una persona designada por Mohamed VI, el cual requerirá el visto bueno del conjunto de los marroquíes a través de un referéndum.
El documento, que consta de 40 páginas, ha sido elaborado por tres consejeros reales: el exministro de Exteriores Taieb Fassi-Fihri, el jurista Omar Azziman (embajador en España desde 2004 hasta 2010) y Fuad Ali El Hima, principal asesor y hombre de confianza del monarca. Medios marroquíes como ‘Yabiladi’ y ‘Le Desk’, así como el español ‘Atalayar’, cercano a Rabat, han anticipado el contenido del informe.
La publicación de algunos detalles sobre la propuesta del reino alauí se produjo tras una reunión celebrada los días 8 y 9 de febrero en la Embajada estadounidense en Madrid. Este encuentro reunió a los representantes de Marruecos y el Frente Polisario, así como a dignatarios de Argelia y Mauritania, y estuvo copatrocinado por el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, el enviado para África, Massad Boulos, y el enviado de la ONU para el Sáhara, Staffan de Mistura.
En opinión de Irene Fernández Molina, profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad de Exeter, este plan representa un «globo sonda» para evaluar la reacción de la comunidad internacional. Aunque su propuesta «parece bastante sensata» y se alinea con otros sistemas autonómicos como los de España o Groenlandia, «no hay garantías políticas ni jurídicas de que se implementará».
La experta sostiene que la propuesta «podría tener sentido y funcionar en un Estado de derecho», pero añade que en Marruecos «no existe». Se remite al Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann, en el que Marruecos puntuó un 3 en Estado de derecho, un 2 en separación de poderes y un 2 en independencia judicial.
Principales puntos de la propuesta marroquí
Gobierno regional y competencias
El Estado seguiría preservando competencias relativas a defensa nacional y seguridad, política exterior, moneda, nacionalidad y símbolos de la soberanía. Por su parte, el gobierno regional tendría competencias en el uso del territorio, planificación urbana, desarrollo turístico e industrial, gestión pesquera y políticas sociales como salud o educación, entre otros, pudiendo emitir normas en estas materias.
Asimismo, se prevé una cláusula de subsidiariedad, según la cual toda competencia no asignada expresamente a la región seguiría siendo nacional a menos que se acuerde lo contrario. También se establecería una cláusula de salvaguarda constitucional, que permite la suspensión temporal de competencias regionales si se considera que hay un daño grave al orden constitucional, la integridad territorial o el funcionamiento de las instituciones.
El presidente del Gobierno regional sería investido formalmente por el rey Mohamed VI «con el fin de garantizar la coherencia constitucional y la unidad del Estado», según ‘Atalayar’. ‘Le Desk’ argumenta que dado que el monarca es quien nombra al primer ministro en Marruecos, «aplicar una regla diferente al Sáhara crearía una asimetría institucional peligrosa». Además, el presidente sería el representante del Estado en la región.
Este aspecto ha sido muy debatido. Fernández Molina considera que es «contradictorio» en un marco hipotético de autonomía, ya que lo deseable sería una elección directa, que sería lo que reclamaría el Polisario, en caso de aceptar la propuesta.
Se prevé la constitución de una asamblea regional unicameral, compuesta en parte por representantes elegidos por sufragio universal directo —quienes también formarían parte del Parlamento nacional— y, en parte, por miembros designados por las tribus saharauis reconocidas, mediante un sistema establecido por ley orgánica. Además, se incluiría una cuota de representación femenina. Este parlamento tendría pleno poder legislativo en las materias de su competencia.
Sistema económico y fiscal
En el aspecto fiscal, la futura región autónoma podría recaudar impuestos territoriales, regalías por la explotación de recursos naturales y retener una parte de los ingresos nacionales generados en el territorio. El Sáhara Occidental es abundante en pesca, fosfatos y posee un importante potencial en energía eólica y solar. Una parte de los ingresos de estos recursos se destinaría a la región, aunque el porcentaje exacto queda aún por negociarse.
El plan de autonomía protege las tierras colectivas de las tribus saharauis y establece un marco legal para las concesiones mineras y las inversiones estratégicas. Aquí también ha surgido un punto de fricción, pues se prevé que cualquier inversión extranjera deba contar con la aprobación tanto a nivel regional como estatal, algo que podría ser problemático para Argelia, dada su tradicional enemistad con Rabat.
Regreso de los refugiados y desarme
Otro aspecto clave de la propuesta marroquí se refiere al regreso de los refugiados saharauis que residen en los campos de Tinduf (Argelia), que se estiman en unos 173.000 según organismos humanitarios. Se prevé un comité permanente para organizar el retorno, con facultades para verificar la identidad y controlar la filiación, aunque los criterios específicos deberán fijarse en una negociación posterior.
Además, se incluye un mecanismo de desarme, desmovilización y reintegración de los combatientes del Polisario, excluyendo a aquellos que hayan cometido crímenes de guerra o contra la humanidad.
Validación en referéndum
Para que todo esto pueda aplicarse, el estatuto de autonomía deberá ser sometido a referéndum en todo el territorio marroquí, no solo en el Sáhara Occidental, como ha reivindicado tradicionalmente el Polisario, para lo cual se creó la misión de la ONU (MINURSO).
La profesora de la Universidad de Exeter advierte que «esto no cumple de ninguna forma los requisitos formales de un proceso de autodeterminación», subrayando que difícilmente el Polisario podría aceptarlo. «Una renuncia completa a la autodeterminación sería un suicidio político», agrega.
Si el referéndum aprueba el plan, lo que se considera prácticamente asegurado, el texto se integraría en la Constitución mediante un título específico, y cualquier revisión estaría sujeta a su validación por mayoría cualificada en los parlamentos regional y nacional, así como a un nuevo referéndum.
Finalmente, se incluiría una cláusula de irreversibilidad territorial que excluye cualquier interpretación a favor de un derecho de secesión. «La autonomía no se concibe como un paso hacia la independencia, sino como una solución definitiva», concluye ‘Le Desk’.
La experta también destaca que «el reconocimiento internacional del estatuto no conlleva ninguna tutela externa permanente». Esto significa que Marruecos no acepta ningún tipo de «supervisión internacional en el tiempo para verificar el cumplimiento de lo pactado». Una vez aprobado el estatuto, el Sáhara Occidental se convertiría en una cuestión de derecho nacional, y la comunidad internacional no tendría ningún papel, concluye.
