Los seis investigados por un presunto delito de amenazas contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, relacionados con los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2023, cuando se linchó y apaleó a un muñeco que representaba al mandatario frente a la sede del PSOE, en la calle Ferraz, deberán declarar este jueves a las 12:00 horas en el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid.
El pasado 23 de septiembre, la juez Concepción Jerez decidió imputar a seis personas a raíz de una denuncia presentada por el PSOE. Aunque en febrero la juez archivó la causa, en julio la Audiencia Provincial de Madrid ordenó reabrir las pesquisas tras estimar un recurso de la Fiscalía y parcialmente los presentados por el propio Sánchez y por el PSOE, considerando que el cierre de la causa fue «precipitado».
La Audiencia de Madrid señaló que «no puede apreciarse en este momento que tales amenazas tengan justificación suficiente en el libre ejercicio de la libertad de expresión», a pesar de que se produjeron durante una manifestación de protesta cuya legitimidad no parece discutible, independientemente de la ideología política detrás de su organización. La juez archivó inicialmente la causa, argumentando que «la falta de educación no es delito» y que las expresiones vertidas no constituyen incitación al odio hacia el presidente del Gobierno ni al PSOE.
Valoración de la Audiencia Provincial
Aunque la juez consideró que las protestas eran parte legítima de la disidencia política, la Audiencia Provincial adoptó una postura diferente. Consideró que «la violencia de las imágenes del hecho, en que la figura es colgada de una soga y golpeada con brutalidad”, junto con las amenazas proferidas, formaban un cuadro intimidante lo suficientemente serio como para hablar de amenazas graves.
Los magistrados destacaron que «la mayor o menor fidelidad con su apariencia física» no impide apreciar que el muñeco representaba al presidente del Gobierno. Coincidieron en que las injurias y amenazas se personalizan principalmente en Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, y no se pueden enmarcar como dirigidas contra el Gobierno de la Nación en su conjunto. Asimismo, la Audiencia consideró problemático clasificar los hechos como un delito de odio, dado que, aunque evidencian una animadversión hacia Sánchez, no se dirigen a un grupo por motivos raciales o afines.
El Dilema de las Injuries
Los magistrados también encontraron discutible la existencia de un delito de injurias graves en expresiones que se repiten durante las manifestaciones, considerando que estas carecen de la capacidad para menoscabar significativamente la dignidad del destinatario.
Con los parámetros establecidos por la Audiencia, la juez ha reabierto las investigaciones para determinar «la naturaleza del hecho presuntamente delictivo», comenzando por la declaración de los seis investigados.
