Manila (EFE).- El supuesto «olor a marihuana» procedente de uno de los baños del Senado de Filipinas llevó al presidente de la cámara alta del Congreso, Francis Escudero, a decretar pruebas obligatorias de drogas para todos los empleados. El escándalo ha provocado la dimisión de una trabajadora, que mantiene su inocencia, y ha dado lugar a decenas de test voluntarios.
«El Senado tiene la firme intención de llevar a cabo las pruebas aleatorias obligatorias de detección de drogas a todos los funcionarios y empleados», afirmó Escudero, según una carta publicada por la cadena ABS-CBN y dirigida al senador Vicente Sotto III, promotor de la idea.
Supuesto olor a marihuana en uno de los baños
La oficina encargada de la seguridad en la cámara alta del Congreso abrió una investigación oficial la semana pasada, tras detectar un supuesto olor a marihuana en uno de los baños, donde solo se encontraba una empleada del senador Robin Padilla.
Desde entonces, el escándalo ha crecido a pesar de la falta de pruebas concluyentes, aumentando la presión sobre la trabajadora sospechosa de utilizar estupefacientes, Nadia Montenegro.
«Si ese supuesto olor inusual, que se parecía al de la marihuana, provenía del baño de mujeres, no debería atribuírse a mí», denunció Montenegro en su carta de dimisión, alegando que no se encontraba en el baño en el momento del incidente y que solo tenía un vapeador de sabor a uva.
En la misiva, confirmada este lunes por la oficina del senador Padilla, Montenegro reafirmó su inocencia pero expresó que se veía obligada a dimitir «para que este asunto no cause más distracciones ni daños».
Test voluntarios
Aunque el presidente del Senado no precisó si las pruebas obligatorias de drogas también afectarán a los senadores electos, algunos ya han tomado la iniciativa.
Es el caso del senador Juan Miguel Zubiri, quien este lunes se sometió a un test voluntario junto con sus 35 empleados, mientras que su compañero Raffy Tulfo indicó su disposición a someterse (y a que todo su personal lo haga) a la misma prueba.
Este episodio refleja la particular guerra contra las drogas en el Senado filipino, que llega después de la sangrienta cruzada emprendida por el expresidente Rodrigo Duterte durante su mandato (2016-2022). Según la Policía, al menos 6.000 personas murieron en operativos antidroga y ejecuciones extrajudiciales, aunque organizaciones no gubernamentales locales elevan esta cifra a más de 30.000.
Duterte se encuentra actualmente en La Haya, a la espera de ser juzgado por la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes contra la humanidad durante su guerra contra las drogas. Sin embargo, esto no significa que Filipinas haya puesto fin a la lucha contra los estupefacientes.
El actual presidente, Ferdinand Marcos Jr., prometió llevar a cabo una guerra contra las drogas «sin derramamiento de sangre» al llegar al poder en 2022, aunque organismos como Amnistía Internacional (AI) han denunciado abusos y detenciones arbitrarias.
