El grupo ecologista GEN-GOB ha enviado un escrito a la Consejería de Agricultura solicitando la retirada del anteproyecto de la ‘Ley Agraria de Baleares’, actualmente en trámite de audiencia y exposición pública. Consideran que el Gobierno de las Islas Baleares «pretende dar el tiro de gracia al campesinado», convirtiéndolo en objetivo de fondos de inversión y empresas turísticas para integrarse en «la sobredimensionada oferta turística de estas islas». Esto, advierten, agudiza la problemática de la dependencia del sector turístico y «considera el campesinado como una actividad residual».
Los ecologistas sostienen que el contenido de la ley agraria podría dictar la sentencia de muerte del campesinado en las Islas, en lugar de ser una norma que «defienda el sector y su incalculable aportación a la tierra en todos los sentidos».
A su juicio, la norma, en proceso de tramitación, «no se limita a dar la estocada de gracia al campesinado», sino que también condena los espacios naturales protegidos y pone en riesgo bienes y personas al servicio de la especulación. «Se da valor a los intereses por encima de las vidas humanas», lamentan desde el colectivo ecologista.
Los productores ecológicos reprochan falta de estrategia de futuro a la nueva Ley Agraria
Paralelamente, las asociaciones de productores ecológicos Apaema, Apaem y Apaef, que agrupan a cerca de 500 operadores, han expresado su preocupación, afirmando que «la Ley Agraria que impulsa el Govern no plantea una estrategia de futuro para el sector». En un comunicado, critican que con la futura normativa, la producción ecológica perderá su carácter estratégico a pesar de contar con tres veces más profesionales que la agricultura convencional.
Las citadas asociaciones han subrayado que la propuesta no aborda el principal problema del campo balear: la continua ocupación del suelo rústico por actividades ajenas a la agricultura. Asimismo, advierten que algunas medidas podrían agravar la situación al eliminar figuras de protección y permitir nuevas construcciones que comprometen el territorio.
Defienden que la ley debería blindar el suelo agrario, frenar las edificaciones e infraestructuras no vinculadas a la actividad productiva y establecer mecanismos de compensación para que cada metro cuadrado de tierra perdido se recupere en otro espacio cultivable.
Las asociaciones también han criticado que el texto no especifica medidas efectivas para enfrentar la falta de relevo generacional, la profesionalización ni el acceso a la tierra, a pesar de reconocer esos problemas. Por último, han reclamado que el 50 % del impuesto de turismo sostenible (ITS) se destine a la agricultura como preservadora del territorio. Asimismo, lamentaron que «la ley ignora estrategias de adaptación al cambio climático» y pidieron tener presencia formal en las mesas de representación y negociación de políticas públicas de la Conselleria.
