Los ecologistas alertan que la Comisión Europea, bajo presión de los lobbies, tiene la intención de retrasar su principal norma contra la deforestación, conocida como EUDR, y vaciarla de contenido. Sostienen que estas acciones representan un incumplimiento de sus promesas climáticas más fundamentales. Este movimiento, que los ecologistas consideran un «paso atrás catastrófico», es presentado por la Comisión como un mero «ajuste técnico», cuando en realidad se trata de una forma de desmantelar el sistema de protección de los bosques del mundo que la normativa fue creada para salvaguardar.
Por cada día que la normativa EUDR no entra en vigor, miles de hectáreas de bosques son taladas y especies se extinguen. Este retraso se considera un golpe devastador a la biodiversidad y facilita que muchos se beneficien a costa de la destrucción de ecosistemas enteros.
Los intentos de la Comisión Europea para rectificar y recortar el reglamento EUDR son vistos como un devastador ataque a los bosques del planeta y una claudicación a los lobbies de las multinacionales que se benefician de la destrucción de la biodiversidad. La decepción es palpable entre los ecologistas ante el anuncio de la Comisión, que parece vaciar de contenido la esencia del Reglamento contra la Deforestación (EUDR). Lo que se presenta como un ajuste logístico es en realidad, según ellos, una rendición ante las presiones de grupos agroindustriales y gobiernos de países ajenos que ignoran las peticiones ciudadanas para aumentar el compromiso con el medio ambiente. Esto es un retroceso en un momento en que la crisis climática exige acción urgente.
La Comisión, en su comunicado del 21 de octubre, presenta esta dilación como una «solución informática». Sin embargo, los ecologistas no dudan en calificarlo de «traición a las promesas verdes de la UE y burla a la ciudadanía que exige acciones climáticas reales». No se puede permitir que la urgencia se diluya bajo la excusa de simplificación de procedimientos, lo cual conlleva una reducción de controles y exime de responsabilidad a algunos actores en la cadena de suministro.
De acuerdo con el informe de la FAO sobre la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales, el planeta ha perdido 420 millones de hectáreas de bosque entre 1990 y 2020, un área más grande que la Unión Europea. La UE es el segundo mayor importador de deforestación tropical debido a productos como la soja, el aceite de palma y la carne de vacuno. Cada producto vinculado a la deforestación que llega a nuestros mercados es un clavo más en el ataúd de la biodiversidad y de la estabilidad climática.
El eje del EUDR, su innovación real, era el «requisito de debida diligencia obligatoria y trazabilidad de cada materia prima importada». Esto implica la posibilidad de rastrear productos, asegurando que su producción no causó la deforestación de un bosque. Sin embargo, la Comisión está considerando «simplificar» este proceso, lo que implica debilitar controles, crear lagunas jurídicas y retrasar su aplicación en ecosistemas críticos, como el Cerrado brasileño, que es la sabana tropical más biodiversa del mundo y actualmente afecta la deforestación.
La justificación de la comisión sobre «problemas informáticos» y «complejidad» para recortar esta normativa es vista como una excusa cínica. A medida que la comunidad científica advierte sobre la posibilidad de alcanzar puntos de no retorno en ecosistemas como el Amazonas, surge la pregunta: ¿es Europa incapaz de desarrollar un sistema robusto de trazabilidad para salvar los pulmones del planeta?
Para los ecologistas, esto no es una cuestión de capacidad técnica sino de voluntad política. La presión de países como Alemania, Austria, Finlandia, Polonia, Suecia, y, particularmente, Estados Unidos, junto a poderosos lobbies agroindustriales, ha tenido éxito en Bruselas, poniendo los intereses comerciales a corto plazo por encima de la supervivencia a largo plazo.
Existen sectores y países que sí se han preparado para cumplir con la normativa, mostrando un compromiso durante dos años, y cuyos esfuerzos son desechados en favor de los que deforestan y buscan evadir controles. Un aplazamiento y nueva revisión del texto generaría más inseguridad jurídica y afectaría a quienes ya han invertido para cumplir con las regulaciones.
Cada día de retraso y cada requisito debilitado se traduce en hectáreas de bosque primario taladas, especies extinguidas y toneladas de CO₂ liberadas a la atmósfera. La situación es crítica, y el papel de la Comisión Europea se convierte en cómplice al hacer concesiones a los deforestadores en lugar de proteger el bien común global.
Los ecologistas exigen coherencia y valentía, dejando de lado las palabras vacías, y llaman a la ciudadanía a movilizarse, a alzar la voz y exigir a sus gobiernos y eurodiputados que detengan este desmantelamiento encubierto del EUDR. Le reclaman a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a la Comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswall, que mantengan la fecha de aplicación del 1 de enero de 2026 para todos los operadores; que restablezcan los requisitos de trazabilidad a cada lote específico de materias primas, sin excepciones arbitrarias que abran la puerta al fraude; y que resistan las presiones de los lobbies priorizando la defensa del medio ambiente sobre los beneficios económicos de unos pocos.
La UE no puede predicar liderazgo climático global mientras socava su legislación ambiental. Debe intensificar su cooperación con los países que poseen grandes extensiones de bosques tropicales, garantizando que el EUDR reduzca realmente la deforestación mundial y mejore la vida en el planeta. Los bosques del mundo no tienen tiempo para las medias tintas de Bruselas.
Los ecologistas son claros: no se puede esperar más ni diluir una normativa que representa la única esperanza del mundo para frenar la destrucción de la naturaleza en favor de beneficios económicos para unos pocos. Por ello, denuncian los retrasos y recortes sufridos por el Reglamento europeo contra la deforestación y exigen a la UE mantener la fecha original y restablecer los controles, en lo que consideran un intento de desmantelamiento encubierto de una normativa esencial.
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