El 14 de mayo de 2023, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, solicitó la encarcelación de la relatora especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese. Este pedido se produce tras la decisión de un juez federal de Estados Unidos de suspender las sanciones impuestas por la administración de Donald Trump contra Albanese.
Alegaciones de incitación y persecución
En sus redes sociales, Danon afirmó: «Ninguna orden provisional cambiará el simple hecho de que Francesca Albanese está aprovechando su cargo en la ONU para llevar a cabo una campaña de incitación política contra Israel y Estados Unidos». Además, expresó que ella «debería estar entre rejas».
El embajador acusó a Albanese de haber promovido la persecución de soldados y civiles israelíes y estadounidenses en La Haya, refiriéndose al denominado Grupo de La Haya, formado por varios países para exigir el cumplimiento de las órdenes de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant.
Reacciones tras la suspensión de sanciones
Danon también señaló que Albanese ha «difundido mentiras y calumnias» y ha brindado apoyo constante a los terroristas de Hamás, incluso después de la masacre del 7 de octubre. Su declaración se emite un día después de que un juez federal de EE. UU. dictó la suspensión de las sanciones a Albanese, argumentando que tales medidas violaban sus derechos bajo la Primera Enmienda, al estar dirigidas directamente a sus críticas hacia Israel.
Decisiones judiciales y su impacto
Según el magistrado, los demandantes «afrontan daños reales y tangibles como resultado de la designación de Albanese», calificando la medida de «excesiva» en el documento judicial. En esta decisión, se critica la postura de Washington, que había acusado a la relatora de llevar a cabo una «campaña de guerra política y económica» contra EE. UU. e Israel que «ya no será tolerada».
El juez recordó que la Orden Ejecutiva que dio lugar a las sanciones contra Albanese fue promovida para hacer frente a la «amenaza extraordinaria» que representan los esfuerzos del TPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a personas protegidas, mediante la imposición de sanciones a aquellos que participen en tales esfuerzos.
