El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha elaborado un proyecto de Real Decreto que regula la gestión de los residuos textiles. Este texto normativo ha generado una enorme preocupación entre los agentes del sector. Humana, entidad de la economía social con casi 40 años de trayectoria, ha emitido un comunicado en el que alerta que este borrador genera incoherencias normativas, está alejado de la realidad operativa del sector y aumenta la incertidumbre jurídica ya existente.
Responsabilidad de los residuos textiles
El MITECO ha propuesto un Real Decreto que regula la gestión de los residuos textiles y que, a juicio de los expertos, genera incoherencias normativas, está desconectado de la realidad del sector y aumenta la incertidumbre jurídica. Este proyecto, al que se pueden presentar alegaciones hasta el 4 de septiembre, en lugar de aclarar el marco normativo, deja más dudas que certezas, introduciendo figuras confusas y otorgando un poder excesivo a los productores, sin garantizar la transparencia ni la supervisión efectiva de sus decisiones.
La gestión de los textiles usados se encuentra en un momento clave. La Ley 7/2022 del 8 de abril, referida a Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular, introduce dos novedades importantes para este año: la obligatoriedad de la recogida selectiva del residuo textil en todos los municipios de la UE, en vigor desde el 1 de enero, y la creación de la figura de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP), que exige a los productores (fabricantes e importadores) asumir la responsabilidad del ciclo de vida completo de sus productos y apoyar la gestión sostenible de los residuos textiles.
Al igual que en el ámbito de los envases o electrodomésticos, los productores textiles deben contribuir al sistema con una cantidad económica por cada prenda que pongan en el mercado, para cubrir los gastos de gestión de la recogida selectiva. En principio, este RAP debería haber estado vigente desde abril, sin embargo, el MITECO aún debate cómo funcionará.
Responsabilidad ampliada del productor
La preocupación gira en torno a la discrecionalidad otorgada al sistema de RAP, el cual tendrá un poder estratégico sobre un mercado ya en funcionamiento. El proyecto que propone el ministerio presenta carencias en cuanto a mecanismos de control y transparencia sobre la actuación del RAP, delegando en él decisiones clave, como la contratación, los criterios de selección y el destino final del residuo, sin garantías de supervisión pública. El resultado podría ser un modelo desequilibrado, mucho más caro, menos eficiente y alejado de las buenas prácticas ambientales.
Actualmente, la gestión de los residuos textiles es competencia municipal y se lleva a cabo por gestores autorizados según la Ley 7/2022. Sin embargo, la propuesta del Real Decreto debilita esta estructura al introducir una figura hasta ahora inexistente, la del ‘operador de reutilización’. Esta figura carece de definición técnica o control público, lo que amenaza con socavar el rigor del sistema y facilitar prácticas sin trazabilidad. Solo los gestores deben gestionar los residuos textiles, que solo se deben tratar en plantas de clasificación autorizadas.
Reducción y prevención
El texto es poco ambicioso en materia de prevención y reducción de residuos, omitiendo la reutilización global como vía válida para el tratamiento jerárquico de los residuos textiles. Ignorar la reutilización internacional, que actualmente es la única opción viable a gran escala, contradice frontalmente la jerarquía de residuos de la UE, que obliga a priorizar la reutilización por encima del reciclaje y otros tratamientos.
Además, el proyecto del Real Decreto sobre la gestión de residuos textiles incluye una definición redundante y tardía de las entidades de la economía social, pese a estar ya recogida en la Ley 5/2011 de Economía Social. Lejos de aportar claridad, esto no resuelve los desequilibrios estructurales generados por la Ley 7/2022. Las entidades que gestionan residuos, sean del tipo que sean, deben estar sujetas al mismo marco legal, sin privilegios ni atajos.
Por último, se insta al MITECO a revisar a fondo el borrador, reforzando su coherencia legal, su ambición ambiental y su compromiso con la economía circular, con el fin de evitar la creación de un sistema que favorezca intereses particulares frente al interés general. Desde la organización han advertido que en el proyecto no se reconoce la reutilización textil global, que es la única vía que permite realizar una gestión eficiente y sostenible, dejando claro que las consecuencias podrían ser perjudiciales a nivel medioambiental. ECOticias.com
