BRUSELAS, 8 de octubre de 2023 (EUROPA PRESS) – La Comisión Europea ha anunciado este miércoles un procedimiento de infracción contra España por la multa de 179.000.000 euros que el Gobierno impuso hace casi un año a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian y Volotea por cobrar suplementos por el equipaje de mano o reservar asientos contiguos para acompañar a personas dependientes.
Restricciones de la Ley de Navegación Aérea
Bruselas considera que la Ley de Navegación Aérea española restringe su libertad para fijar precios y ha dado un plazo de dos meses a las autoridades españolas para responder a las irregularidades señaladas por los servicios comunitarios.
En declaraciones enviadas a los medios, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha considerado «lamentable» que la Comisión Europea «decida interferir e intervenir de esta manera, ignorando y dando la espalda a los derechos de los consumidores europeos, a los que ni siquiera ha escuchado».
Proceso de diálogo entre Bruselas y Madrid
La apertura del expediente sancionador se materializa en una carta de emplazamiento que establece un periodo de dos meses de diálogo entre Bruselas y Madrid para resolver las diferencias. El documento insta al Gobierno a armonizar plenamente su legislación nacional con la europea en materia de servicios aéreos, lo que establece la libertad de las compañías aéreas para fijar sus precios.
De no resolverse, la Comisión puede pasar a la segunda fase, que implica el envío de un dictamen motivado con un nuevo plazo para el diálogo, antes de emprender la tercera y última etapa del proceso que podría llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Cuestionamientos sobre la competencia de la Comisión
Fuentes del Ministerio de Consumo cuestionan la potestad de la Comisión para actuar en este caso y defienden que la competencia para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o interpretar la legislación comunitaria recae en el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE). Estas fuentes sostienen que «este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas».
Equipaje de mano y su consideración legal
En un comunicado, Bruselas recuerda la sentencia del Alto Tribunal europeo que establece que el equipaje de mano «debería ser, en principio, gratuito», siempre que cumpla con requisitos razonables de peso y dimensiones y con los criterios de seguridad aplicables. En este sentido, se añade que el equipaje de mano que supere esos requisitos «razonables» está sujeto a la libertad de fijación de precios.
En este contexto, el Ejecutivo comunitario considera que la Ley de Navegación Aérea española no permite a las compañías aéreas imponer un cargo adicional por el transporte de equipaje de mano, «lo que restringe su libertad para fijar precios y diferenciar» entre los servicios que incluyen o no una franquicia de equipaje.
Asimismo, los servicios comunitarios consideran que las multas a las cinco aerolíneas infringen también el reglamento europeo, dado que su aplicación se basa en la ley de navegación aérea.
Investigación preliminar desde enero
El caso se remonta a enero del pasado año, cuando la Comisión Europea inició un diálogo «informal» en el marco del mecanismo ‘EU Pilot’, que marcó el comienzo de una investigación preliminar tras la denuncia presentada ante Bruselas por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación de Aerolíneas Regionales Europeas (ERA) y Airlines for Europe (A4E).
El Ejecutivo comunitario señaló entonces que apoyaba de «manera general» las medidas de protección al consumidor dentro del Mercado Interior, «siempre y cuando que estas cumplan con la libertad de fijación de precios y transparencia de precio».
Sin embargo, no fue hasta este mes de septiembre que el departamento del comisario de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas, dijo contar con la «información suficiente» para tomar una decisión acerca del caso, aunque no se especificó un plazo para ello. Esta consideración ocurrió tras una reunión del comisario con el consejero delegado de Ryanair, Michael O’Leary, y una conversación telefónica con el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, quien había expresado su descontento por no haber podido reunirse con el comisario en repetidas ocasiones.
