Bruselas, 29 de noviembre
La Comisión Europea ha aprobado este miércoles un nuevo marco temporal de ayudas de Estado para permitir a los gobiernos de la UE compensar el impacto económico de la crisis en Oriente Próximo. Las medidas incluyen subvenciones de hasta el 70% de los sobrecostes energéticos y de materias primas en sectores como la agricultura, el transporte y la pesca.
El instrumento, bautizado como Marco Temporal de Ayudas Estatales por la Crisis en Oriente Próximo, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de este año y busca dar respuesta inmediata al alza de los precios de la electricidad, el gas y algunos insumos, que, según explica el Ejecutivo comunitario, está presionando los costes de producción y amenazando la viabilidad de numerosas actividades económicas.
Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión responsable de Competencia, ha defendido en rueda de prensa que «el impacto en nuestros ciudadanos y empresas exige respuestas inmediatas, que deben ser proporcionadas y proactivas». La responsable añadió que el marco permite apoyar a las empresas más afectadas mientras «preservamos la igualdad de condiciones en el mercado único».
Las medidas están especialmente orientadas a sectores con fuerte exposición a estos incrementos, como la producción agrícola, que se ha visto afectada por el encarecimiento de los fertilizantes, el transporte —tanto por carretera como por ferrocarril y marítimo— y la pesca, donde, según señala la Comisión, el aumento de los gastos operativos puede comprometer directamente la continuidad de la actividad.
Sin embargo, el sector aéreo no está incluido en este régimen, ya que el Ejecutivo comunitario considera que el impacto de la subida de precios no es comparable al de otras actividades, en parte porque muchas aerolíneas cuentan con coberturas de combustible a corto plazo. Además, Bruselas cree que el sector ya dispone de instrumentos para atender posibles disrupciones, como la posibilidad de imponer obligaciones de servicio público en rutas esenciales para garantizar la conectividad.
Prácticamente, las ayudas permitirán a los Estados compensar parte de la subida registrada desde el inicio de la crisis, calculada en función de la diferencia entre los precios actuales y los niveles anteriores, y limitada a un porcentaje del consumo de cada empresa.
Asimismo, Bruselas introduce una opción simplificada para acceder a las subvenciones, permitiendo a los países calcular los importes en función de criterios como el tamaño y tipo de actividad de las empresas, además de estimaciones del uso de combustible en el sector u otros indicadores, en lugar de exigir a cada beneficiario pruebas detalladas de su consumo real, con un máximo de 50.000 euros por beneficiario.
A partir de esa cantidad, no obstante, la Comisión sí exigirá que las ayudas se justifiquen sobre la base de los costes efectivamente soportados, garantizando que la compensación no supere el 70% del incremento registrado.
Mayor flexibilidad para la industria electrointensiva
El nuevo marco también introduce ajustes en las normas de ayudas existentes para permitir mayor apoyo a las industrias intensivas en energía. En particular, se eleva del 50% al 70% la intensidad máxima de ayuda para compensar los costes eléctricos en determinados sectores. Estas medidas podrán cubrir hasta el 50% del consumo eléctrico de las empresas beneficiarias y no exigirán compromisos adicionales de descarbonización durante la vigencia del instrumento, con el fin de aliviar la presión a corto plazo.
La normativa también permitirá, de forma temporal, que algunas industrias electrointensivas acumulen este tipo de ayudas junto a compensaciones por los costes indirectos del régimen europeo de derechos de emisión, una combinación que hasta ahora se mantenía separada en los distintos marcos de apoyo, según explica la Comisión. Ribera ha subrayado que «buscamos el equilibrio entre el apoyo a corto plazo y la transformación a largo plazo», enfatizando que estas medidas pretenden ayudar a la industria a «superar el impacto inmediato» sin desviar la trayectoria de descarbonización.
Riesgo para la actividad económica y las cadenas de suministro
La iniciativa del Ejecutivo comunitario responde a la escalada de precios energéticos provocada por la inestabilidad en Oriente Próximo desde el pasado mes de febrero, que ha disparado los costos del petróleo, el gas y los fertilizantes, generando una fuerte volatilidad en los mercados. Según su análisis, los precios del gas han llegado a aumentar cerca de un 85% y los del petróleo más de un 50% en las primeras semanas de la crisis, afectando directamente a la electricidad y a sectores con alta dependencia energética.
Este encarecimiento, unido a las disrupciones en las cadenas de suministro, está presionando la rentabilidad de sectores como el transporte o la pesca, donde el gasto en carburante representa una parte relevante de la actividad. En el transporte por carretera, por ejemlo, donde los márgenes suelen situarse entre el 2% y el 3%, la subida del precio del diésel puede incrementar los gastos operativos en más de un 7%, empujando a muchas empresas hacia pérdidas. En la pesca, el precio del carburante ya supera el umbral de rentabilidad de buena parte de la flota europea, lo que podría traducirse en la paralización de actividades si se mantienen los niveles actuales.
Tramitación en cuestión de semanas
Las ayudas deberán ser notificadas a la Comisión para su aprobación, en un proceso que podría alargarse hasta dos meses una vez presentada la información completa. Aun así, Bruselas espera poder «agilizar» su tramitación, como en crisis anteriores, y dar luz verde en cuestión de semanas. Una vez autorizados los programas, serán los Estados miembros los encargados de implementarlos a través de esquemas nacionales, sin necesidad de una notificación individual por cada empresa, gestionando la selección de beneficiarios y el desembolso de los fondos.
Además, el marco contempla la posibilidad de conceder anticipos, con la obligación de verificar posteriormente que se cumplen las condiciones y, en su caso, recuperar los importes indebidos. Finalmente, el Ejecutivo comunitario subraya que estas medidas son temporales y complementarias a las reglas habituales de ayudas de Estado, insistiendo en que la transición energética sigue siendo la solución estructural para reducir la vulnerabilidad de la economía europea ante crisis externas. «La respuesta estructural pasa por reflexionar sobre cómo podemos acelerar la seguridad energética mediante una transición rápida hacia soluciones propias, limpias y asequibles», ha concluido Ribera.
