Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA han puesto fecha a una nueva “semana caliente” en el campo español, que se llevará a cabo del 26 al 30 de enero. Su objetivo es elevar el coste político del acuerdo comercial entre la UE y Mercosur, justo antes de su firma prevista para el 17 de enero en Asunción. El punto de máxima presión llegará el 29 de enero, cuando se esperan tractoradas y concentraciones generalizadas en todo el país, incluyendo Madrid.
El mensaje de fondo de estas movilizaciones es doble y busca conectar dos temores distintos en una sola pancarta. Por un lado, el sector denuncia “competencia desleal” debido a la falta de reciprocidad en normas fitosanitarias, el uso de materias activas prohibidas en la UE y exigencias ambientales y de bienestar animal. Por otro, advierte sobre un posible recorte de ayudas si la próxima PAC (Política Agraria Común) llega con un presupuesto reducido, aspecto que las organizaciones cifran en alrededor de 900 millones de euros anuales para España a partir de 2027.
El calendario anunciado no llega en frío. En paralelo, ya han reaparecido protestas en territorios concretos, como Castilla y León o la frontera de Irún, que funcionan como “termómetro” de lo que puede ocurrir a escala estatal cuando el 29 de enero se convierta en una cita sincronizada.
En el choque de relatos, Bruselas y los defensores del pacto subrayan la dimensión estratégica y económica del acuerdo, mencionando la apertura de mercado y un ahorro arancelario estimado en miles de millones de euros al año para exportadores europeos. Sin embargo, las organizaciones agrarias ponen el foco en el reparto asimétrico de costes y beneficios, señalando que el impacto macroagregado sería modesto. Ellas citan estimaciones de la propia Comisión sobre un aumento de alrededor del 0,1% del PIB comunitario.
