Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo han alcanzado en la madrugada de hoy un acuerdo político para aplicar, bajo ciertas condiciones, el pacto comercial negociado entre Estados Unidos y la Unión Europea (UE) el verano pasado. Este acuerdo implica renunciar a tomar represalias comerciales por los aranceles que Estados Unidos impone a la mayoría de las producciones europeas, siempre que dicho sobrecoste no supere el 15%. Sin embargo, esta limitación no se aplica al acero y aluminio europeos, que continúan enfrentándose a una tasa del 50%.
El pacto, fruto de cinco horas de negociaciones durante la tercera ronda de contactos celebrada en Estrasburgo (Francia), aún necesita ser adoptado por los Veintisiete y superar el voto formal del pleno del Parlamento Europeo en una próxima sesión. Todo esto se lleva a cabo en un contexto apremiante, ya que se busca obtener el respaldo antes de que expire el plazo del 4 de julio, establecido por Donald Trump, para imponer nuevos gravámenes si el acuerdo no se concreta.
El negociador jefe de los eurodiputados y presidente de la Comisión de Comercio Internacional, el socialista alemán Bernd Lange, celebró: «Tenemos un acuerdo para aplicar el acuerdo entre la UE y Estados Unidos. Es un gran éxito para el Parlamento Europeo: hemos mejorado significativamente la propuesta original de la Comisión Europea al garantizar mayores salvaguardas para la economía de Europa».
Entre los aspectos clave que se han introducido en los reglamentos acordados para la implementación del pacto se encuentra una fecha de vencimiento, que estipula que estas reglas expiran automáticamente a finales de 2029, a menos que el bloque decida una prórroga tras una revisión exhaustiva de la situación. Además, la Comisión Europea deberá elaborar informes trimestrales y establecer mecanismos de supervisión europarlamentaria.
También se han incorporado salvaguardas que permitirán suspender o pausar el acuerdo en caso de que las empresas europeas sufran graves perjuicios o si Estados Unidos impone nuevos aranceles adicionales. Un ejemplo de esto es el precedente de amenazas económicas dirigidas a países de la UE, como sucedió cuando varias capitales apoyaron a Dinamarca en la crisis por Groenlandia.
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, comentó en redes sociales que «Europa es un socio fiable (…). Basado en el respeto mutuo, nos hace a todos más fuertes. Porque un acuerdo es un acuerdo». A su vez, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, destacó que «la UE cumple sus compromisos», añadiendo que «juntos, podemos garantizar un comercio transatlántico estable, predecible, equilibrado y mutuamente beneficioso».
Maros Sefcovic, negociador comercial de la UE y representante de la Comisión en las negociaciones, subrayó en un comunicado que «la Unión Europea cumple con su palabra al tiempo que defiende sus intereses». Destacó el «esfuerzo colectivo», el «resultado sólido» y el «impacto significativo» de un pacto que, afirma, permitirá «impulsar la estabilidad y cooperación transatlántica».
En términos concretos, los reglamentos acordados aseguran la eliminación de aranceles sobre los productos industriales estadounidenses y otorgan acceso preferencial al mercado europeo, con contingentes y aranceles reducidos para ciertos productos agrícolas y mariscos de EE. UU. Esto incluye, además, una prórroga de cinco años, hasta 2030, para las importaciones libres de gravamen de langosta.
Salvaguardas para Pausar el Acuerdo si EE. UU. No Cumple
Conforme a lo acordado, el visto bueno al llamado Acuerdo de Turnberry incluye varias cláusulas que permitirán pausar o suspender el pacto arancelario si se detectan distorsiones graves del mercado o si Estados Unidos realiza nuevos intentos de coerción sobre las decisiones de los Veintisiete.
Las cláusulas estipulan que bastará una «solicitud debidamente justificada» de tres o más Estados miembros, de la industria o de sindicatos de la UE, o incluso una iniciativa propia de la Comisión Europea, para iniciar una evaluación formal sobre si «el aumento de las importaciones ha causado o amenaza con causar un daño grave a los productores de la UE». Si existen pruebas suficientes, la Comisión podrá decidir suspender total o parcialmente la aplicación del acuerdo.
Se activarán, asimismo, las salvaguardas de suspensión si «Estados Unidos incumple los compromisos de la Declaración Conjunta», socavando los objetivos de la misma, o si perturba las relaciones comerciales y de inversión con la UE, incluso mediante discriminaciones o ataques a los operadores económicos europeos. El mecanismo de suspensión también podría activarse si hay «indicios suficientes» de que tales acciones puedan ocurrir en el futuro.
Las condiciones pactadas incluyen un aviso a la Casa Blanca para reducir el 50% de los aranceles al acero y aluminio europeos. Si para el 31 de diciembre de 2026 no se ha ajustado ese gravamen al techo del 15% acordado para el resto de las producciones, la UE se reserva el derecho de suspender las concesiones a los productos de acero y aluminio otorgadas a Estados Unidos.
Este controvertido acuerdo, sellado por la jefa del Ejecutivo comunitario con Trump, también contempla compromisos que van más allá de la política comercial, como compras de energía por valor de 750.000 millones de dólares a EE. UU. e inversiones en este país por valor de 600.000 millones adicionales. Sin embargo, estas disposiciones no se recogen en las propuestas legislativas que negocian los colegisladores, ya que trascienden las competencias de von der Leyen y recaen sobre los Estados miembros.
