MADRID, 3 de junio de 2025 – El Ministerio del Interior ha asegurado que no se abrió ninguna información a instancias de Leire Díez, la denominada ‘fontanera’ del PSOE, reiterando que la Unidad Central Operativa (UCO) cuenta con su respaldo para realizar sus investigaciones, al igual que el resto de los cuerpos policiales.
Fuentes del Ministerio del Interior han hecho referencia a las muestras públicas de respaldo a la profesionalidad de la UCO expresadas por Fernando Grande-Marlaska en diversas comparecencias, incluyendo en sede parlamentaria.
Además, han recordado que en mayo de 2025, el propio ministro y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, se reunieron con diferentes mandos para trasladarles en persona el apoyo a sus actuaciones como policía judicial, bajo la dirección de jueces y fiscales.
Estas reuniones se realizaron en un contexto de polémica, a raíz de los audios de la militante del PSOE Leire Díez, quien supuestamente buscaba pruebas e información sensible contra la UCO, la unidad que investiga el ‘caso Koldo’, así como a la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El contenido de los informes de la UCO enviados al juez de la Audiencia Nacional en el ‘caso Leire Díez’, que investiga una supuesta trama para desprestigiar causas judiciales que afectan al PSOE, se reveló este miércoles, coincidiendo con la participación del ministro del Interior en una reunión en Luxemburgo del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior (JAI).
La UCO sostiene que Leire Díez mantuvo al menos tres encuentros con Mercedes González, en los que solicitó que se «iniciaran actuaciones administrativas» contra los propios agentes investigadores.
Asimismo, se mencionan presuntas presiones ejercidas por la cúpula de la Guardia Civil durante la gestión de Leonardo Marcos como director general del Instituto Armado, quien se quejó de que un informe judicial sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, era «totalmente prospectivo y malintencionado».
Por otro lado, se han señalado informaciones reservadas abiertas a agentes de la UCO y reuniones en las que el director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, habría solicitado que en los procedimientos con «afectación política», los agentes no fueran proactivos y se «pusieran de perfil», dejando que la autoridad judicial tomara la iniciativa.
