La Embajada de los Estados Unidos para Venezuela ha confirmado que todos los ciudadanos estadounidenses que estaban presos en el país han recobrado su libertad, en el marco de un proceso de excarcelación que se ha intensificado en las últimas semanas. Este anuncio se produce en un contexto de acercamientos entre la Casa Blanca y el gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas.
La Oficina Externa de EE.UU. para Venezuela, que opera desde Bogotá tras el cierre de embajadas en 2019, destacó su satisfacción al revelar que “nos complace confirmar la liberación, por parte de las autoridades interinas, de todos los ciudadanos estadounidenses de los que se tenía conocimiento que se encontraban detenidos en Venezuela”.
Este mismo día, se reportó la liberación de un hombre que posee nacionalidad estadounidense y peruana, según informó la ONG Foro Penal, que se dedica a la defensa de los derechos humanos y de los presos políticos en Venezuela.
Las autoridades estadounidenses también han hecho un llamado para recibir información sobre otros ciudadanos que pudieran estar detenidos sin que se tenga conocimiento de su situación.
¿Qué se sabe de los presos políticos en Venezuela?
Hasta el pasado jueves, Foro Penal había confirmado la excarcelación de 302 presos políticos en Venezuela desde el 8 de enero. Este proceso de liberación se inició tras el anuncio de la liberación de un “número importante” de personas, pocos días después de un ataque militar por parte de Estados Unidos que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.
En una declaración realizada esta semana, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, afirmó que el total de personas excarceladas desde “antes de diciembre” alcanzaba ya las 808, aunque no especificó una fecha concreta. Además, Cabello negó la existencia de presos políticos en el país.
La liberación de todos los estadounidenses en Venezuela coincide con el anuncio de Delcy Rodríguez, presidenta encargada del país, sobre una ley general de amnistía para presos políticos a partir de 1999. Esta ley busca “reparar las heridas que ha dejado la confrontación política” en el país suramericano.
