MADRID, 24 de octubre. La amnistía ha entrado esta semana en su etapa final, después de que el Tribunal Supremo haya asumido la doctrina del Tribunal Constitucional y aplicado la medida de gracia a dirigentes del ‘procés’. Esto ha generado un cruce de reproches entre los dos principales organismos judiciales del país, ya que el Supremo ha criticado la supuesta «injerencia» del Constitucional, que, a su vez, le acusa de excederse en los límites de la norma.
Los magistrados del Supremo que juzgaron el ‘procés’ acordaron aplicar la amnistía este martes, aunque por ahora solo a los exvicepresidente catalán por ERC Oriol Junqueras y a los exconsejeros Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa. La decisión sobre el ‘expresident’ Carles Puigdemont, principal artífice del referéndum ilegal de independencia del 1 de octubre de 2017, aún está pendiente.
La ponencia del auto fue encomendada al juez Manuel Marchena, presidente del tribunal que juzgó el proceso independentista catalán y figura prominente en la Sala de lo Penal. El Tribunal Constitucional, por su parte, fue presidido por Cándido Conde-Pumpido, quien redactó la sentencia correspondiente.
Marchena se refirió a una «innecesaria injerencia», una afirmación que fuentes del Constitucional desmienten, argumentando que el Supremo parte de una premisa errónea: no hay extralimitación posible, ya que es el propio Constitucional quien delimita su ámbito jurisdiccional.
Estas fuentes sostienen que las afirmaciones del Supremo son legalmente imposibles y remiten a la ley orgánica que regula la corte de garantías, señalando que en ningún caso se podrá plantear una cuestión de jurisdicción o competencia al Constitucional. Consideran que lo crucial es que los ciudadanos reconozcan que lo que dice el Constitucional es vinculante, como ha enfatizado Conde-Pumpido en sus declaraciones públicas sobre la amnistía.
MARCHENA: «CONSIDERACIONES ABSOLUTAMENTE INNECESARIAS»
Marchena subrayó que las críticas del Constitucional acerca de la interpretación de la Sala de lo Penal del Supremo para no perdonar la malversación son «consideraciones absolutamente innecesarias» para respaldar lo resuelto. Además, destacó que cinco magistrados del TC, pertenecientes al sector conservador, mostraron su disconformidad con la mayoría, lo que complica aceptar la irracionalidad que se atribuye a la decisión recurrida.
El magistrado argumentó que la resolución que otorga el amparo a Bassa no debe ser vista como un conflicto institucional con el Tribunal Constitucional, sino como una ruptura de este órgano con su propia jurisprudencia histórica.
PARA CONDE-PUMPIDO HUBO «UNA INTERPRETACIÓN EXTENSIVA»
Cándido Conde-Pumpido, quien redactó la sentencia sobre la malversación, criticó a los magistrados de la Sala de lo Penal por haber realizado una «interpretación extensiva, contraria al espíritu y finalidad» de la ley de amnistía respecto a este delito. Para él, las resoluciones que no han perdonado la malversación carecen de coherencia y han vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva de la exconsejera Bassa.
Conde-Pumpido solicitó que se declaren nulas las resoluciones del Supremo y que se amnistiara el delito de malversación, reclamando que esto se hiciera con carácter «preferente y urgente».
AMNISTIAR A PUIGDEMONT, EL PUNTO FINAL
La fase de aplicación de la amnistía ha entrado en su recta final tras el respaldo a la medida por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) el pasado julio. Este tribunal europeo desechó una de las premisas del Supremo para no conceder la amnistía, afirmando que no se vieron afectados los intereses financieros comunitarios durante el 1-O.
A partir de ese momento, el Constitucional ha tenido vía libre para debatir sobre la aplicación del perdón, comenzando por el recurso de la exconsejera catalana. En el Palacio de las Salesas, sede del Supremo, necesitan esta sentencia para analizar si la norma sería aplicable a otros encausados, incluidos aquellos que se hallan en el extranjero, como Puigdemont.
El órgano de garantías envió al Supremo el pasado 6 de octubre la sentencia que respaldó la amnistía por malversación a Bassa. Aunque el Constitucional avaló mayoritariamente la ley de amnistía en junio de 2025, el Supremo se opuso a su aplicación por considerar que no solo afectaba a intereses financieros comunitarios, sino que también suponía un beneficio patrimonial para los líderes independentistas.
El debate jurisdiccional podría recrudecerse nuevamente en un futuro cercano, ya que aún quedan varias resoluciones judiciales polémicas por dictarse, incluyendo una que probablemente eximirá de responsabilidad penal a Puigdemont y a los exconsejeros Toni Comín y Lluís Puig, quienes ya han visto levantarse la orden de detención emitida por el magistrado instructor Pablo Llarena.
