BRUSELAS, 22
Los ministros de Asuntos Europeos de varios países han advertido este martes a España que consideran inaceptable la nueva estrategia del Gobierno de condicionar el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la UE a que los Veintisiete no frenen el proceso de ampliación de nuevos Estados miembro, que fue despachado en apenas cinco minutos durante el debate.
El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha presentado como punto de información al Consejo de Asuntos Generales en Bruselas este tema, dedicando cerca de diez minutos a exponer la propuesta de España, en un formato que no permite a los 27 tomar decisiones.
Este tipo de formato no prevé un debate extenso tras la exposición del país interesado, aunque permite a otros socios tomar la palabra. En esta ocasión, fuentes europeas han confirmado que tres países intervinieron para rechazar que se vincule la ampliación con la cuestión de las lenguas.
Estas intervenciones, según otras fuentes, apenas sumaron cinco minutos a la intervención inicial de Sampedro, y ningún otro socio tomó la palabra para respaldar la propuesta española.
En declaraciones realizadas al llegar a la reunión, los ministros de Suecia, Alemania y Lituania expresaron su descontento, según señalaron fuentes diplomáticas.
«Para Lituania, esto no es aceptable», advirtió el viceministro de Asuntos Europeos del país, Sigitas Miktus, al ser preguntado sobre cómo valora su Gobierno la amenaza del Ejecutivo de Pedro Sánchez de bloquear el proceso de ampliación —con Montenegro y Albania como los países candidatos más avanzados— si la UE no cede y reconoce como lenguas oficiales europeas el catalán, el euskera y el gallego.
En una línea similar, el secretario de Estado de Alemania para Europa, Gunther Krichbaum, advirtió sobre los riesgos de abrir debates que puedan comprometer la unidad de Europa y consideró que «no es útil» trasladar una reclamación de carácter doméstico al debate europeo sobre la ampliación.
«Estoy en contra de una bilateralización de la integración europea», argumentó el político alemán, añadiendo que si la defensa de la oficialidad de lenguas cooficiales debe entenderse como parte de la política de integración de la Unión, esto debería ser decidido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Por su parte, la ministra de Asuntos Europeos sueca, Jessica Rosencrantz, pidió un «proceso serio» que incluya discusiones a nivel técnico entre los Veintisiete para analizar «qué implica realmente» reconocer como lenguas oficiales de la Unión las tres cooficiales que España desea incorporar en el reglamento de lenguas común.
«No es un debate nuevo como tal. Como ya hemos mencionado en ocasiones anteriores al abordar esta cuestión, al igual que con otros asuntos, necesitamos llevar a cabo un proceso serio. Me refiero a analizar, a nivel de grupo de trabajo, qué implica realmente esta propuesta en lo que respecta a la introducción de más lenguas», subrayó.
Además, la política sueca destacó que no deben mezclarse las negociaciones sobre la ampliación con las de las lenguas, ya que son cuestiones muy distintas. Rosencrantz señaló que «en lo que respecta a la ampliación, Suecia es una firme defensora de avanzar con Montenegro y muchos de los demás países que están progresando. Y no creo que estas cuestiones deban vincularse de esa manera».
La secretaria de Estado para Europa de Croacia, Andreja Metelko-Zgombic, también manifestó que no espera «ningún debate» sobre el asunto, dado que se limita a un punto en el que esperan «recibir información» de su colega española sobre los argumentos para defender que España condicione cualquier ampliación de la UE a que se integren antes el catalán, el euskera y el gallego en la Unión.
«Sólo puedo decir que hemos debatido a fondo la propuesta española (en el pasado) y decidimos mantenerla en nuestra agenda de una forma u otra. Sería de gran ayuda contar también con el respaldo de los servicios jurídicos a las propuestas concretas al respecto», concluyó, recordando que hay socios que siguen demandando al Gobierno evaluaciones de impacto realizadas por las instituciones europeas para responder a sus dudas.
Este es el octavo caso en que el Gobierno lleva el asunto a discusión entre los Veintisiete a nivel de ministros, aunque esta vez lo hace como «punto de información», lo que permitirá a España plantear sus argumentos ante los otros socios sin garantizar que haya un debate entre ministros.
Aunque varios socios solicitan avanzar las discusiones a nivel técnico en grupos de trabajo, España ha preferido hasta ahora abordar las discusiones bilateralmente con las capitales más reticentes, como es el caso de Alemania, y llevarlo a Bruselas solamente a nivel de ministros.
El formato elegido esta vez por España permite a un Estado miembro pedir la palabra para informar sobre un asunto, pero no permite que se tomen decisiones de fondo. Otros ministros o representantes del Consejo y de la Comisión Europea pueden intervenir si lo desean, aunque no garantiza ninguna intervención, como ocurre cuando se incorporan los asuntos como puntos de debate.
ESPAÑA INSISTE EN QUE HA RESUELTO TODAS LAS DUDAS
En este contexto, Sampedro ha defendido que España lleva «explicando la propuesta durante tres años» ante sus socios de la Unión y ha «atendido todas las dudas surgidas» respecto a la viabilidad legal, económica y práctica de la oficialidad de las lenguas cooficiales.
«Creo que queda absolutamente claro que no hay ningún motivo para continuar demorando esta decisión», ha insistido el secretario de Estado en declaraciones a la prensa a su llegada a la reunión en Bruselas, mostrando su confianza en que la reclamación de España será aceptada «a la mayor brevedad».
«Sabemos que requiere unanimidad», añadió, manifestando su disposición a abordar «cualquier duda» de los países más reticentes, dado que una decena de socios se pronunció en contra del cambio en el reglamento lingüístico la última vez que se discutió a 27 en julio de 2025.
Así, indicó que la petición de España no requeriría ningún cambio de los Tratados, ya que no pide que estas sean «lenguas auténticas» de la UE, sino que sean reconocidas como «oficiales» en el reglamento de lenguas.
En todo caso, argumentó que «no existen motivos, ni en materia de coste, ni en materia legal, ni en materia técnica, ni en materia de precedentes que puedan justificar el no reconocer los derechos lingüísticos de 20 millones de europeos, que ya tienen estas lenguas como oficiales en su día a día».
