Miles de menores quedan expuestos a la inseguridad y la violencia por los recortes de financiación a la ayuda global.
COX’S BAZAR (BANGLADESH), 27 (De la enviada de, Guiomar Quintana).
En Cox’s Bazar, un distrito situado en el extremo meridional de Bangladesh y bañado por las aguas del golfo de Bengala, miles de niños birmanos de etnia rohingya subsisten en el mayor asentamiento de refugiados del mundo.
La zona, considerada una de las más pobres del país, alberga una pesadilla humanitaria; una infancia truncada y un futuro incierto para más de un millón de personas apátridas que han llegado a territorio bangladesí huyendo de la persecución, la violencia y la limpieza étnica.
Las cifras son estremecedoras: el 78 por ciento de los refugiados que viven hacinados en los 33 campos de Ujiya y Teknaf, y a los que hay que sumar los de la isla de Bhasan Char, son mujeres y niños.
Esta comunidad, en su gran mayoría musulmana, vive ahora atrapada en el limbo, a tan solo unos kilómetros de una frontera que sirve de límite entre el presente y el pasado, que los separa de su tierra originaria, aún en guerra.
Imagen de archivo de las pertenencias de varios refugiados colgadas de una de las vallas de alambre. | Mirja Vogel
La crisis está vinculada al devenir de un conflicto armado que parece irresoluble y que empeora a medida que desciende la financiación global a la ayuda humanitaria, que se ha vuelto vital para una población dependiente y vulnerable, que se niega a renunciar a sus raíces.
“Llegué aquí en 2017 cuando era solo un niño. En Birmania no podíamos ir a la escuela. Quiero que la gente sepa lo que pasa aquí, cómo vivimos. Queremos salir de aquí y tener la oportunidad de estudiar. Mira cómo está todo”, lamenta H., de 15 años, que pide permanecer en el anonimato. “La seguridad ha vuelto a empeorar”, afirma, antes de alertar de la presencia de grupos armados.
H. fue uno de los miles de niños que llegaron a los campos tras la gran campaña puesta en marcha hace ocho años por el Tatmadaw –el Ejército de Birmania, un país principalmente budista– y que provocó el desplazamiento de unas 740.000 personas procedentes del estado fronterizo de Rajine, donde miles de civiles siguen expuestos a los ataques.
Al contrario de los casi 40.000 rohingyas que llegaron en los años 90, los desplazados tras esta brutal campaña carecen de las garantías y las protecciones que les reserva el Derecho Internacional. Despojados del estatus de refugiado, son descritos por Bangladesh como “ciudadanos birmanos desplazados a la fuerza”, un título que los relega a la nada.
Esta idea subyace a las políticas internas y ha ido permeando no solo en la conciencia colectiva bangladesí, sino también en el interior de los campos, donde provoca divisiones y moldea las relaciones entre refugiados y comunidades de acogida.
Varios niños en uno de los campos de refugiados de Cox’s Bazar, en Bangladesh. | Mirja Vogel
La situación es compleja para rohingyas como Abdul Wahid y Sadia Aktar, una pareja de 25 y 22 años que contrajo matrimonio hace unos años y que llegó al campo 4 cuando él tenía 17 y ella 14. Procedentes de la localidad de Buthidaung, muy cerca de la frontera, decidieron cruzar para salvar sus vidas.
“Vinimos en septiembre de 2017, había ataques continuamente y tuvimos que atravesar el bosque y huir en un bote junto a decenas de personas. Tardamos 20 días en llegar. No pudimos traer ningún objeto personal con nosotros”, relata Wahid, que niega con la cabeza.
Atemorizado por la inseguridad y la posible falta de alimentos, lamenta la poca esperanza que hay en los campos para su familia y sus hijos, ambos menores de tres años: “me preocupan ellos, me preocupan sus estudios”. “También hay problemas con el tratamiento médico. Hay algunos centros sanitarios, pero si la situación es grave hay que salir de los campos
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