Este martes, 28 de abril, se cumple un año del histórico cero eléctrico que dejó a millones de habitantes en España y Portugal a oscuras durante horas. A lo largo de estos doce meses, varios informes han sido discutidos y se han llevado a cabo comisiones parlamentarias, pero aún no se señala a un culpable del incidente.
Tanto el Gobierno como el panel de expertos europeos de Entso-E y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) han sido incapaces de identificar a un responsable claro del apagón.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en su informe presentado menos de dos meses después del incidente, determinó que el apagón fue resultado de un problema «multifactorial». Este incluyó episodios de sobretensión, oscilaciones y desconexiones de centrales, y se comprometió a llevar a cabo una batería de medidas para supervisar mejor el sistema y evitar futuros episodios.
Por su parte, la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-E) tardó más en elaborar su informe final, que fue publicado en marzo de este año. Sus conclusiones fueron similares, al calificar el apagón como un «evento sin precedentes» y el mayor de estas características en las últimas dos décadas. Sin embargo, concluyó que no tuvo una única causa, sino que fue resultado de varios factores, incluyendo oscilaciones en el sistema y desconexiones rápidas de generación en España.
Este análisis ofreció recomendaciones para fortalecer las prácticas operativas, mejorar el monitoreo del comportamiento del sistema y fomentar una mejor coordinación e intercambio de datos entre los actores del sistema eléctrico. También se enfatizó la necesidad de adaptar marcos regulatorios para apoyar los cambios en el sistema eléctrico, lo que se interpretó como un tirón de orejas a todos los implicados.
El informe de la CNMC, que vio la luz casi once meses después del evento, fue de naturaleza consultiva y también evitó señalar a un responsable directo. Sin embargo, constató que a partir del 28 de abril de 2025 se contaba con «herramientas normativas y regulatorias», así como mecanismos para evitar el apagón.
EXPEDIENTES SANCIONADORES
Justo antes del primer aniversario del ‘blackout’, el regulador inició unos 55 expedientes sancionadores por indicios de infracción, que podrían tardar más de un año en resolverse sobre si se convierten en multas definitivas. Estas acciones se dirigen a Red Eléctrica de España (REE), en su caso muy grave, y a varias compañías eléctricas, como Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol, Bahía de Bizkaia, TotalEnergies, Engie y ContourGlobal La Rioja, con indicios de infracciones graves.
No obstante, estas acciones parecen más un intento de repartir culpas que una solución real, lo que augura que las disputas se dilucidarán en los tribunales.
La Comisión de Investigación del Senado, que ha escuchado a varios actores del sector durante meses, ha señalado al Gobierno, a Red Eléctrica de España y a la CNMC por su «inacción regulatoria y supervisora», pero sin mucha claridad sobre el incidente.
En paralelo, ha comenzado también una Comisión de Investigación en el Congreso de los Diputados, que ha traído a los máximos directivos de las empresas energéticas, y que continúa intercambiando acusaciones sin que se avizore una resolución clara del caso.
Una cuestión importante pendiente es quién asumiría la factura millonaria de los daños por el apagón, un tema que se resolverá en los tribunales, donde se plantearán las responsabilidades por el incidente.
MODO REFORZADO
El apagón ha llevado a implementar un ‘modo reforzado’ en la operación del sistema eléctrico desde entonces, resultando en un aumento significativo en el coste de los servicios de ajuste, que se trasladan a la factura de la luz, afectando especialmente a los clientes del mercado regulado (PVPC).
A pesar de que la creciente presencia de energías renovables ha contribuido a reducir el precio de la electricidad en el mercado mayorista, la variabilidad de estas tecnologías demanda ajustes constantes en la producción para mantener el equilibrio entre oferta y demanda, lo que a su vez requiere más recursos de respaldo, como ciclos combinados de gas natural.
Este aumento en los costes de ajuste ha alcanzado un nuevo máximo de 27,6 euros/MWh en marzo, casi un 74% más que hace un año y más del doble en comparación con el mismo mes de 2024, según datos de Selectra.
