El Partido Popular (PP) ha anunciado su intención de presentar en el Pleno del Congreso dos iniciativas esta semana, instando al Gobierno a que presente «de manera inmediata» el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2026. Esta demanda surge después de tres años de prórroga presupuestaria, desde que se aprobaron los últimos Presupuestos en el ejercicio 2023, que fueron ratificados durante la legislatura anterior. Desde entonces, las cuentas se han prorrogado automáticamente debido a la falta de un nuevo proyecto, el cual no ha sido presentado en la Cámara Baja, en gran parte por la compleja aritmética parlamentaria.
Ante esta situación, el PP, junto con otros aliados parlamentarios, ha exigido de manera reiterada al Gobierno la elaboración de un nuevo proyecto de cuentas. En este contexto, Alberto Núñez Feijóo y su partido han abordado esta petición a través de una moción que se deriva de una interpelación urgente planteada al vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
Según la moción, el Grupo Popular urge al Gobierno a «presentar de manera inmediata el Proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2026», con el fin de poner fin a la «anomalía institucional» que ha causado el Ejecutivo, buscando así recuperar la credibilidad en la política fiscal española.
MANDATO CONSTITUCIONAL
En paralelo, esta semana también se debatirá en la Comisión Constitucional otra iniciativa del PP que solicita al Gobierno que apruebe y remita de forma inmediata a las Cortes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, para así «cumplir su mandato constitucional». Esta demanda aboga por la presentación de un proyecto de ley de Cuentas Públicas para el presente año.
Asimismo, los populares han solicitado que el Gobierno se abstenga de realizar «a espaldas de estas Cortes Generales» transferencias de crédito que no estén sujetas a las restricciones del artículo 52.1 de la Ley General Presupuestaria. También se pide que se cese la «reiterada práctica» de vetar la tramitación de proyectos legislativos propuestos por la oposición.
La exposición de motivos de la moción resalta que la Constitución obliga al Gobierno a presentar cada año unos Presupuestos, y el PP defiende que la prórroga prevista en el artículo 134.4 no ampara «la negativa a presentar un presupuesto», sino únicamente la imposibilidad de aprobarlo. Se establece que el Ejecutivo no puede autorizar o decidir sobre la reasignación de partidas presupuestarias entre secciones del presupuesto prorrogado, ni utilizar este para limitar las funciones legislativas de las Cortes. De hecho, el PP recuerda que el Tribunal Constitucional ya reprochó al Gobierno el uso de su capacidad de veto, alegando su impacto en ejercicios presupuestarios futuros.
CUERPO DIJO QUE INTENTARÍA PRESENTARLOS ANTES DE VERANO
El Gobierno ha reiterado su compromiso de presentar los Presupuestos desde 2023. Sin embargo, diversos eventos han llevado al incumplimiento de esta promesa y la prórroga sigue vigente. Un caso reciente ocurrió con el estallido de la guerra en Irán, lo que complicó aún más la situación. La ex vicepresidenta primera, María Jesús Montero, había afirmado en numerosas ocasiones que se presentaría el proyecto de presupuestos en 2026, pero el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán desencadenó una ola inflacionaria que impulsó al Gobierno a aprobar un decreto de 5.000 millones de euros en rebajas fiscales.
Tanto Montero como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han señalado que, en ese contexto, no estaban en condiciones de presentar los Presupuestos. El recientemente ascendido vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, ha manifestado que su objetivo es intentar presentarlos en el Congreso antes del verano.
ALIVIAR LA CARGA DE CLASES MEDIAS
En otro ámbito, el PP ha incluido en su moción otras tres solicitudes al Gobierno. Una de ellas consiste en revisar «en profundidad» la política económica con el fin de aliviar la presión sobre las clases medias y estimular la inversión, corrigiendo la subida «silenciosa» de impuestos provocada por la inflación y redirigiendo el sistema tributario para fomentar el trabajo, el ahorro y la inversión productiva.
Además, se demanda una «drástica» reducción de la burocracia, un refuerzo de la seguridad jurídica y la limitación del intervencionismo estatal, lo que permitiría un entorno estable para que empresas y autónomos puedan crecer, invertir y generar empleo de calidad. Por último, el Grupo Popular insta a impulsar una transformación digital real de la economía, abogando por la integración de la Inteligencia Artificial (IA) en las Administraciones Públicas, así como en pymes y el desarrollo de España como un ‘hub’ industrial y tecnológico en este ámbito.
