El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros en Madrid que el Gobierno ha aprobado un decreto para la elaboración de un catálogo de símbolos y elementos franquistas que aún se exhiben públicamente. El objetivo es su supresión y facultar a particulares, asociaciones memorialistas e instituciones para solicitar su retirada.
Durante la rueda de prensa, Torres explicó que una comisión técnica será la encargada de determinar qué símbolos están afectados para su inclusión en un catálogo que se espera tener listo antes de finalizar el año. Esta inclusión permitirá requerir a los propietarios de inmuebles, entidades públicas o privadas, que eliminen dichos símbolos, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática de 2022.
No solo las administraciones públicas podrán solicitar la inclusión en la lista para su posterior retirada; también particulares y asociaciones memorialistas podrán hacerlo. Entre los elementos en cuestión se encuentran placas, monumentos, nombres de calles e incluso municipios que pueden vulnerar la ley. El Gobierno estima que podría haber unos 4.000 de estos símbolos en toda España, muchos de los cuales ya han sido suprimidos.
Torres añadió que hay hasta siete pueblos cuyos nombres podrían estar relacionados con la dictadura franquista, y si entran en el catálogo, tendrán que cambiar de nombre. En cuanto a los vestigios suprimidos, estos no podrán ser exhibidos en ningún otro lugar; sin embargo, si alguno tiene valor arquitectónico o es Bien de Interés Cultural, el decreto prevé un protocolo de actuación, que incluye la posibilidad de su “resignificación”.
Apartado de este decreto, en la misma rueda de prensa, el ministro presentó un informe sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Este informe proporciona actualizaciones sobre los restos recuperados de los columbarios del antiguo Valle de los Caídos —ahora Cuelgamuros—, a instancias de 206 familias de víctimas allí enterradas. Se han localizado 36 cajas con 485 restos de distintas personas, y se han identificado los restos de 31 víctimas que ya han sido entregados a sus familiares, de los cuales 21 gracias a pruebas de ADN.
Torres también se refirió a la necesidad de avanzar en la recuperación de estos restos, a pesar de las “mal llamadas leyes de concordia” en comunidades gobernadas por el PP, como Aragón, Comunidad Valenciana, Cantabria, Extremadura, Baleares o Castilla y León, que han derogado medidas de apoyo a la recuperación de restos de fosas comunes. El Gobierno ha puesto en marcha planes cuatrienales para trabajar en la localización e identificación de unas 20.000 personas que aún se encuentran en fosas, cunetas y pozos en todo el país, de las cuales ya se han exhumado aproximadamente 9.000.
Asimismo, el ministro destacó que 1.614 familias de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo ya han recibido declaraciones de reconocimiento y nulidad de los procesos judiciales a los que fueron sometidos. También mencionó que el Gobierno ha otorgado recientemente la nacionalidad española a hijos y nietos de combatientes de las Brigadas Internacionales. En cuanto a la nacionalidad para los descendientes de exiliados, se ha reconocido este derecho a medio millón de personas, y más de 2,3 millones han mostrado interés por obtener la nacionalidad.
Finalmente, el Ministerio de Política Territorial anunciará mañana, miércoles, una nueva campaña con 400 actividades bajo el epígrafe ‘La democracia es tu poder’, lo que coincide con el 50º aniversario del final de la dictadura tras la muerte de Franco, enfatizando el valor de la democracia en la actualidad.
