MADRID, 27 de mayo – La ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado que el Registro de Personas Objetoras de Conciencia para las Interrupciones Voluntarias de Embarazo (IVE) es fundamental para «garantizar que los dos derechos se puedan ejercer»: tanto el del aborto como el de la objeción de conciencia.
García aclaró que este registro «no es una lista negra» y «no es señalar a nadie, es todo lo contrario». Durante la jornada ‘Informar sobre el derecho al aborto’, organizada por el medio ‘Público’ en el Ateneo de Madrid, subrayó que el objetivo es que cualquier mujer que se dirija a un hospital pueda ejercer su derecho, teniendo en cuenta que puede haber profesionales que practiquen abortos y otros que no.
La ministra destacó que la intención ha sido «que todas las comunidades autónomas (CCAA) tengan este registro de objetores», aunque Madrid había mostrado resistencia. “Por eso, tuvimos que obligar, tribunales mediante, a la Comunidad de Madrid a que hiciera ese registro, que lo abrió recientemente”, recordó. Añadió que, según la ley y el Tribunal Supremo, la objeción de conciencia es un «acto individual y activo».
ALGUNAS CCAA
En este contexto, García también mencionó que en Madrid, el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública apenas alcanza el 0,4%, mientras que en Andalucía se sitúa en el 0,3%. Estos datos, a juicio de la ministra, evidencian la necesidad de implementar medidas para facilitar el acceso a este derecho, y subrayó que estas comunidades «están poniendo barreras y obstáculos» para su ejercicio.
Asimismo, enfatizó que las mujeres continúan «peleando en cada generación y en cada momento de la vida para mantener las conquistas y los derechos», y que el aborto sigue siendo una cuestión «crucial», una de las «líneas de ataque de la ultraderecha». Este ataque se dirige «hacia el cuerpo de las mujeres, la autonomía, la independencia y el derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo y proyectos de vida».
«Cuando hablamos del aborto, no solo hablamos de derechos, sino también de salud pública y derechos sanitarios», agregó García, expresando su desazón porque este tema se intente reducir a un debate moral. «Estamos hablando también de un procedimiento clínico», reiteró.
En este sentido, la ministra enfatizó que los abortos deben realizarse en los lugares donde las mujeres han «depositado la confianza», que es la sanidad pública, que debe responder ante este derecho que ha sido conquistado hace muchos años.
Defendió la importancia de ofrecer información veraz sobre el aborto y lamentó que las mujeres sean «atacadas» con desinformación. Como ejemplo de las dificultades, mencionó que en algunas comunidades es necesario desplazarse a otras para acceder a este servicio, y que en algunas CCAA, «el acceso depende de si tienes o no recursos económicos».
INTENCIÓN DE RECOGERLO EN LA CONSTITUCIÓN
García resumió que el aborto «debe entenderse como un derecho esencial de las mujeres, plenamente integrado en el sistema público de salud» y garantizado en todo el territorio. «Para que este derecho exista de verdad, no solo es necesario reconocerlo en la ley, también debe llevarse a la Constitución», demandó, abogando por una «conciencia colectiva» al respecto.
Reiteró que no se puede ejercer un derecho de esta naturaleza «fuera del lugar donde hemos depositado nuestra confianza», refiriéndose a la salud y los derechos relacionados con la salud sexual y reproductiva. «No nos vamos a ir a abortar a otro sitio», enfatizó.
La ministra también destacó que «hasta hace muy poco, los abortos no se practicaban en Ceuta y Melilla», y que ahora «por fin» se pueden realizar. Retomó así la intención de garantizar este derecho mediante su inclusión en la Carta Magna para blindar la práctica ante los «embistes» de «esa ultra internacional de la derecha». Llamó a luchar «por combatir el silencio, el estigma y la discriminación».
Finalmente, García resaltó el impulso desde el Ministerio de Sanidad a la plataforma ‘quieroabortar.org’, que busca ser un «lugar de información segura» y acompañamiento. Aseguró que esta plataforma informará sobre conceptos que han resultado problemáticos y que, en ocasiones, se han utilizado para culpabilizar a las mujeres, refiriéndose al «síndrome postaborto», que ha sido utilizado por sectores de la derecha como parte de una estrategia reaccionaria.
