Diversas propuestas recientes plantean acelerar los procedimientos de autorización de fitosanitarios, reduciendo evaluaciones independientes o limitando el uso del principio de precaución. Estas organizaciones lamentan la iniciativa de Bruselas que “concede a la mayoría de los pesticidas una aprobación indefinida” que consideran motivada por “la presión de fuertes intereses corporativos”.
Por qué la reforma elimina salvaguardas esenciales
Así, denuncian que la propuesta elimina la obligación de reevaluar de forma periódica el peligro de las sustancias activas establecido por el reglamento de plaguicidas, algo “esencial” para detectar nuevos daños para la salud y el medioambiente, y que deja las renovaciones sólo para las sustancias clasificadas como candidatas a la sustitución, que constituye solo el 10 % de las activas en la UE.
Los grupos ecologistas advierten de que si la propuesta es finalmente aprobada, “el 90 % de los plaguicidas dejarán de pasar” por el proceso de renovación al que obliga el reglamento comunitario, pese a que este proceso ha permitido eliminar 162 sustancias nocivas desde que entró en vigor en 2011.
Desde esa fecha, el proceso de revisión permitió eliminar del mercado 10 sustancias cancerígenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción, 7 disruptores endocrinos, 17 sustancias tóxicas para organismos como polinizadores, dañinas para la salud de trabajadores, consumidores y residentes en zonas rurales, y 9 tóxicas para las aguas subterráneas.
La propuesta de la Comisión incluye además otras medidas como duplicar el período durante el cual los pesticidas altamente tóxicos aún pueden venderse tras su prohibición -hasta tres años- y limitar la capacidad de decisión de los Estados miembros a la hora de atajar el problema.
Qué advierten las organizaciones ecologistas
Por ello, en caso de salir adelante esta propuesta ómnibus, “decenas de sustancias tóxicas seguirán ilimitadamente en alimentos, en la Naturaleza” y en consecuencia “afectarán a la salud humana”.
La propuesta de la Comisión incluye además otras medidas como duplicar el período durante el cual los pesticidas altamente tóxicos aún pueden venderse tras su prohibición -hasta tres años- y limitar la capacidad de decisión de los Estados miembros a la hora de atajar el problema.
Han resumido la denuncia de los ecologistas afirmando que “estas Navidades la Comisión Europea nos regala pesticidas tóxicos, un regalo envenenado para la población europea” ya que estas sustancias tienen efectos como “provocar retrasos en el desarrollo infantil, problemas de fertilidad o conllevar la desaparición de polinizadores como las abejas”.
La apertura a aprobar pesticidas “sin control” también supone un retroceso democrático. Debilitar la transparencia, limitar el acceso a datos científicos o reducir la participación de organismos independientes mina la confianza ciudadana y favorece los intereses de grandes corporaciones químicas frente al bien común.
Frente a este escenario, resulta imprescindible reforzar –y no debilitar– los sistemas de evaluación, apostar por alternativas agroecológicas y apoyar a los agricultores en la transición hacia modelos más sostenibles. La seguridad alimentaria y ambiental de Europa no puede construirse sacrificando la salud y la naturaleza. Mantener altos estándares en caso de pesticidas no es un obstáculo, sino una garantía de futuro.
