La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha afirmado que algunos contratos de la cátedra que codirigió Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), se realizaron «al margen del procedimiento establecido en la normativa» y de manera «premeditada». Esta conclusión se detalla en un informe al que ha tenido acceso la investigación, el cual ha sido remitido al juez instructor del caso, Juan Carlos Peinado. El juez ha planteado juzgar a Gómez con jurado popular por presuntos delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de marca.
Los agentes de la UCO explican que han analizado la Cátedra Extraordinaria para la Transformación Social Competitiva que codirigió Gómez, especialmente la plataforma Transforma TSC, «desarrollada gracias a un coste económico directo para la UCM de 108.765,79 euros». Además, indican que los colaboradores de la cátedra aportaron «de manera altruista» entre 225.000 y 253.000 euros para el desarrollo de este software, que fue puesto «de carácter gratuito» a disposición de pymes, con talleres promocionales y del público general en la web transformatsc.org. El juez sospecha que Gómez se apropió irregularmente del mismo.
Un pago liberado para evitar enriquecimiento injusto de la UCM
La UCO insista en la condición de «administración pública» de la Complutense y el «preceptivo acogimiento a la Ley de Contratos del Sector Público» para analizar la contratación de servicios para el desarrollo de la plataforma, que fue abonada por la UCM, concretamente a Making Science Group y Deloitte Consulting.
En el caso de Making Science Group, destacan que su contratación se realizó «sin ni tan siquiera haber tramitado un expediente administrativo al efecto, pese a corresponderle por razón de su importe (20.000 euros sin IVA)». Aclaran que «dado que la unidad interventora competente detectó esta disfunción una vez prestado el servicio, el pago fue liberado en aras de evitar un enriquecimiento injusto de la UCM».
Respecto a Deloitte Consulting, los agentes indican que «dos expedientes se habrían elaborado como un mero marco administrativo conformado a los únicos efectos de dotar de apariencia de legalidad a la contratación de estos servicios, la cual se habría llevado a cabo nuevamente al margen del procedimiento establecido en la normativa». Sin embargo, los pagos a Deloitte «sí se sustentaron en un contrato menor y en una posterior contratación mediante procedimiento abierto simplificado».
Los investigadores apuntan que «las adjudicaciones no solo estaban premeditadas, sino que la consultora ya había iniciado sus funciones antes de la adjudicación del primer contrato» y que «la prestación real de sus servicios no guardó relación con los plazos formales de ejecución». También indican que «los requisitos y condiciones exigidos para ambos contratos se amoldaron a las condiciones predefinidas por Deloitte y la cátedra, incluido el precio», sugiriendo que «se habrían solicitado ofertas de forma simulada o en unas condiciones que propiciaron una limitación de la concurrencia al resto de licitadores y en beneficio de Deloitte».
Además, apuntan que «se producen discordancias entre el desempeño real de los servicios y los contratos formalizados», ya que «no se identifican elementos que demuestren que durante el plazo formal de ejecución del segundo expediente Deloitte desarrollase alguna de las funciones para las que fue contratado».
Fondos privados de Gómez
La UCO señala que el desarrollo del software se encontraba aparejado a una serie de trámites, como la puesta a disposición de la Complutense y el registro de marcas y dominios. Indican que el órgano interno de la UCM responsable del proyecto de desarrollo estaba «en pleno conocimiento del estado de la herramienta a lo largo de todo el proceso» y destacan a Gómez como directora de la cátedra y «principal responsable del proyecto, participando en los talleres para la difusión y publicidad de la herramienta en la fase final del proceso».
Además, «técnicamente» identifican que el resultado del trabajo, específicamente «el entorno de producción de la plataforma una vez desarrollado», habría sido puesto a disposición de una unidad interna de la UCM, su Servicio de Sistemas.
Sin embargo, los investigadores manifiestan que, en materia de propiedad intelectual, «a pesar de haberse promocionado y hecho público el acceso a la herramienta, no se identifican elementos que demuestren que los responsables del proyecto siguieron el protocolo establecido por la UCM para el registro de productos susceptibles de generar derechos de propiedad intelectual». En este caso, la competencia recaería sobre la cátedra, órgano interno de la UCM promotor del proyecto, cuya dirección asumía Gómez.
Se mencionan «otros trámites paralelos», como el registro de la marca creada y el alta de dominio para albergar el acceso público a la herramienta, siendo «procedimientos igualmente sujetos a un protocolo interno, sin elementos de los que derive su cumplimiento por parte de Gómez y Blanca de Juan».
También se destaca que «los dos procesos habrían sido cubiertos con fondos privados de la esfera personal de Gómez», mostrando una diferencia con la cobertura de otros gastos menores que fueron asumidos con el fondo vinculado a dicho órgano. Por otra parte, la UCO subraya que la información bancaria analizada «concuerda con el desarrollo de las actividades profesionales que Begoña Gómez ha venido realizando», asegurando que las entidades con las que se ha vinculado profesionalmente corresponden con los principales pagadores identificados.
“Gestión activa” de su asesora en la cátedra
Los investigadores exponen que la cátedra se nutrió de diferentes colaboradores con distintos grados y caracteres de participación, incluyendo aquellos que aportaban fondos económicos como única fuente de ingresos y quienes participaban en el desarrollo de la herramienta Transforma TSC.
Todo esto se ajusta a lo dispuesto por la UCM en relación con cátedras extraordinarias y la normativa común aplicable a la universidad. Asimismo, hacen hincapié en Cristina Álvarez, la asesora de Gómez en Moncloa, también investigada, destacando su participación en reuniones para el desarrollo de la plataforma y gestiones burocráticas.
De acuerdo con los agentes, Álvarez realizó funciones de gestión y apoyo a la dirección de la cátedra y, aunque carecía de una relación formal con la universidad, se la considera «integrada en el equipo de trabajo», evidenciando una gestión activa por parte de Álvarez en el marco de la cátedra.
El juez Peinado ha investigado a Begoña Gómez por la gestión de la cátedra y los dos másteres que codirigió en la UCM, que también implican la presunta apropiación indebida del software y el nombramiento de Álvarez como su asesora en Moncloa, además de presuntos favores al empresario Juan Carlos Barrabés, el tercer investigado en la causa.
