El Gobierno central ha rechazado otorgar los fondos del Perte de descarbonización, mientras quedan pendientes otros fondos europeos extraordinarios por un valor de 250 millones de euros, que la empresa considera imprescindibles para llevar a cabo su proyecto.
Además, la planificación energética del Ejecutivo ha dejado fuera el plan de Altri, convirtiendo a Lugo en la única provincia gallega que no recibirá refuerzos, lo que implica que, con sus actuales conexiones, no hay posibilidades de que se instale una empresa de gran o mediano tamaño.
El respaldo institucional y la declaración de impacto ambiental
Pese a las 25.000 alegaciones presentadas según la Plataforma Ulloa Viva, el Diario Oficial de Galicia publicó, el 14 de marzo, la declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto, considerándolo «ambientalmente viable» y «estratégico» para la comunidad.
El permiso se otorgó bajo una serie de condicionantes que obligaban a implantar estaciones de tratamiento para las aguas residuales, así como una chimenea de 75 metros de altura, asegurando que las emisiones «no afectarán a la salud humana o al medio ambiente».
También se estipuló que se hará uso de eucalipto existente y/o excedentario, que en la actualidad se comercializa fuera de Galicia debido a la falta de mercado interior, evitando así la necesidad de expandir las plantaciones de esta especie.
«No hay afección sobre la salud de las personas, no hay afección significativa sobre especies protegidas ni tampoco sobre el Camino de Santiago; es perfectamente compatible con la agricultura y la ganadería, incluida la ecológica», aseguró la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, tras la publicación de la DIA, destacando que la declaración estaba respaldada por 32 informes y 42 técnicos.
Asimismo, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió «respeto» para los técnicos y consideró que ahora corresponde al Gobierno central «mover ficha» en relación al financiamiento y la conexión eléctrica del proyecto.
Sin embargo, la factoría fue excluida, en primera instancia, del Perte de descarbonización, al obtener la segunda peor puntuación entre los proyectos presentados, lo que llevó a la sociedad impulsora, Greenfiber -participada por Altri y Greenalia– a desistir formalmente de los fondos.
«Desde luego, es una señal clara de que ese proyecto no va a contar con ayudas por parte de la Administración General del Estado. Y por supuesto, entendemos que debemos abogar por proyectos que tengan garantías ambientales», afirmó la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, palabras que parecen cerrar la puerta a otro tipo de financiamiento europeo.
Una movilización social comparable al Prestige
La declaración favorable de impacto ambiental provocó una serie de protestas contra la factoría, que ya en 2024 había reunido a cerca de 20.000 personas en Palas de Rei, una cifra más de seis veces superior a la población de este municipio lucense, además de miles más en Santiago y otras localidades de Galicia.
Apenas dos días después de la aprobación de la DIA, los pueblos de la cuenca del río Ulla manifestaron su oposición al plan de Altri. El 22 de marzo, cerca de 50.000 personas, según los organizadores (que la Policía redujo a 20.000), se dieron cita en A Pobra do Caramiñal junto a 600 barcos en la Ría de Arousa.
Se destacó esa jornada como una «reacción social» sin precedentes, comparando el evento con la marea negra del Prestige. Según el coordinador de Greenpeace en Galicia, Manoel Santos, se necesitarían mejores ejemplos de «movilización sostenida en el tiempo» como la provocada por la macrocelulosa.
La Plataforma en Defensa da Ría de Arousa (PDRA), organizadora de la manifestación y muy activa en las protestas, advirtió que el proyecto contaminará el agua del río Ulla y de la mayor de las rías gallegas, poniendo en riesgo también la viabilidad de los sectores acuícola, pesquero, agrícola y ganadero.
Las protestas contra Altri han tomado diferentes formas a lo largo de 2025, desde balsas, kayaks y piraguas en el río Ulla, hasta maratones, cadenas humanas, y un certamen en Redondela (Pontevedra) que ahora ha cambiado su nombre de ‘ArteLixo’ a ‘AltriLixo’.
Con la llegada del verano y las festividades en Galicia, un grito popular se extendió entre los asistentes en las verbenas: «Outra sí, Altri non», reemplazando la típica demanda de «Otra, otra» para pedir una canción más.
La oposición a Altri ha permeado la cultura popular y ha sido parte de conciertos de grandes grupos, así como en verbenas en diversas localidades de la región. Hasta belenes navideños, como el de Xestoso (A Coruña), han protestado contra el proyecto.
Entre los opositores a Altri, además de grupos ecologistas, se encuentran organizaciones vecinales, sectoriales, sindicatos, y partidos como el BNG, el PSdeG, Sumar, Podemos y el Consello da Cultura Galega, que incluye universidades y centros de investigación.
El sello europeo STEP y las incógnitas sobre la financiación
A pesar de que la financiación europea se ve cada vez más complicada, el 7 de noviembre la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA) otorgó al proyecto GAMA de Altri el sello STEP por su «carácter estratégico» para mejorar la competitividad de la Unión Europea (UE).
Este sello de calidad, concedido por la Comisión Europea, facilita el acceso a oportunidades de financiación en el marco de los programas europeos y permite acceder a ayudas estatales del Pacto Industrial Limpio.
Esta concesión abre la puerta a que Altri solicite financiación al Banco Europeo de Inversiones (BEI), colocándolo, según el documento de CINEA, «como prioritario dentro de los instrumentos financieros y programas europeos existentes, dentro del marco de las políticas de competitividad, transición verde y digital de la Unión Europea».
Con estos movimientos en el panorama, el pasado 14 de diciembre, decenas de miles de personas (80.000, según organizadores) volvieron a manifestarse en Santiago de Compostela.
