La Comisión Europea (CE) ha abierto un procedimiento de infracción a España y a otros doce países de la Unión Europea (UE) por no haber incorporado a su legislación nacional las nuevas reglas que sancionan el incumplimiento de la normativa sobre registros consolidado de datos financieros.
El Ejecutivo comunitario ha enviado cartas de emplazamiento, además de a las autoridades españolas, a las de Bélgica, Bulgaria, Alemania, Estonia, Grecia, Francia, Italia, Lituania, Países Bajos, Polonia, Portugal y Rumanía, que ahora tienen dos meses para comunicar a Bruselas qué medidas tomarán para implementar estas normativas.
En concreto, se trata de las enmiendas a la Directiva europea sobre Mercados de Instrumentos Financieros, que exigen a los Estados prever sanciones para quienes infrinjan ciertas disposiciones nuevas relacionadas con los llamados registros consolidados, introducidos en el Reglamento de la UE sobre mercados financieros.
Razones del Procedimiento de Infracción
La Comisión Europea (CE) abrió este procedimiento a España, junto a otros 14 Estados miembros, por no haber transpuesto dentro del plazo legal la lista actualizada de materias primas para la producción de biocarburantes y biogás utilizados en el sector del transporte. Esta acción se da en el contexto de un procedimiento de infracción por parte de la CE a España.
Las modificaciones, incluidas en un anexo de la Directiva de Energías Renovables, debían ser transpuestas a la legislación nacional antes del 14 de septiembre de 2025, según informó el Ejecutivo comunitario.
La lista en cuestión enumera nuevas materias primas de las que se deriva la producción de biogás y biocarburantes utilizados principalmente en el sector del transporte. «Estos combustibles se promueven en la Directiva de Energías Renovables debido a su menor impacto ambiental en comparación con los biocarburantes convencionales (biocarburantes producidos a partir de cultivos alimentarios y forrajeros)», explicó el comunicado oficial.
La Comisión también ha remitido cartas de emplazamiento a los 15 Estados miembros, incluida España, que no han llevado a cabo la transposición completa. Estos países disponen ahora de dos meses para responder, completar su transposición y notificar a Bruselas.
«En caso de no recibir una respuesta satisfactoria, la Comisión podrá emitir un dictamen motivado», concluyó el comunicado.
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