La Junta de Castilla y León ha aprobado la construcción de una planta de biometano con impacto ambiental condicionado, proporcionando una luz verde a una infraestructura fundamental para la transición energética, aunque rodeada de preocupaciones ambientales y oposición por parte de la comunidad local.
Este proyecto tratará hasta 60.000 toneladas anuales de residuos orgánicos y producirá más de 4,15 millones de metros cúbicos de biometano al año. No obstante, deberá cumplir con estrictas condiciones para minimizar su impacto ambiental.
Detalles del Proyecto
La planta procesará 60.000 toneladas de residuos al año, pero genera inquietud por olores, fauna protegida y presión en el territorio.
Con el objetivo de fomentar las energías renovables y reducir la huella contaminante, la Junta de Castilla y León ha tomado esta decisión, aunque el plan se ve envuelto en numerosas dudas y restricciones. La instalación no solo producirá más de cuatro millones de metros cúbicos anuales de biometano, sino que también generará biogás para uso interno, e incluye la construcción de un gasoducto y una conexión eléctrica subterránea que ampliarán su alcance territorial.
Una macroplanta energética basada en residuos orgánicos
Este proyecto, impulsado por Aratel Energía Renovable, contempla la construcción de la planta en La Antigua (León), con el propósito de transformar residuos mediante digestión anaerobia en gas renovable. La instalación permitirá valorizar residuos orgánicos, incluidos SANDACH (subproductos animales), convirtiéndolos en biometano apto para su inyección en la red de gas.
De este modo, la Junta de Castilla y León aprueba la planta de biometano con impacto ambiental condicionado como parte de su estrategia para impulsar energías limpias y reducir emisiones.
Producción energética millonaria y nuevas infraestructuras asociadas
Se proyecta que la planta generará más de 4,15 millones de metros cúbicos de biometano al año, además de biogás destinado al autoconsumo térmico del proceso industrial. El proyecto incluye importantes infraestructuras, como un gasoducto enterrado de conexión con la red Zamora-Benavente-León y una línea eléctrica subterránea de 343 metros, ampliando su huella territorial.
La superficie total del proyecto supera las 5 hectáreas, posicionando esta instalación como una de las más relevantes en el ámbito de la economía circular y la energía renovable en Castilla y León.
Alegaciones vecinales y preocupación ambiental creciente
Durante el proceso de información pública, hubo numerosas alegaciones de vecinos, ayuntamientos, Ecologistas en Acción y particulares, lo que evidencia una sólida preocupación social. Las críticas se centran en posibles olores, ruido, aumento del tráfico pesado, impacto paisajístico y afección a la fauna, especialmente en un entorno rural de alto valor ambiental.
El promotor ha señalado que solo el 30% de la materia tratada será SANDACH y que la planta estará a más de 2 kilómetros de núcleos habitados. Además, se aplicarán tecnologías avanzadas para minimizar cualquier molestia.
Impacto ambiental compatible, pero bajo estricta vigilancia
La Declaración de Impacto Ambiental considera que el proyecto es compatible, pero impone un amplio paquete de medidas correctoras, preventivas y de control. Entre estas medidas destacan la realización de un estudio olfatométrico, sistemas avanzados de desodorización, controles periódicos de emisiones, ruido y calidad de aguas subterráneas.
Esto refuerza que la Junta de Castilla y León aprueba la planta de biometano con impacto ambiental condicionado, lo que implica un seguimiento continuo durante todas las fases del proyecto.
Zona sensible para aves y permisos aún pendientes
El informe reconoce que la planta se situará en un área de alto valor para aves esteparias, como la avutarda y el sisón, lo que obligará a establecer restricciones temporales en las obras. También se imponen limitaciones al tránsito de vehículos pesados y condiciones estrictas para el uso del digestato como fertilizante agrario.
A pesar del visto bueno ambiental, el proyecto aún necesita autorizaciones clave y perderá su validez si no se ejecuta en un plazo máximo de 4 años, lo que deja abierto su futuro.
Este proyecto, que supera las cinco hectáreas, ha generado inquietud entre los vecinos por posibles molestias como olores, ruido o tráfico, aunque sus promotores defienden la adopción de medidas técnicas para minimizar los impactos en el entorno. La evaluación ambiental otorga la autorización a la iniciativa con requisitos estrictos, incluyendo controles continuos de emisiones, estudios específicos y sistemas de mitigación, garantizando una supervisión constante durante el desarrollo y funcionamiento de la planta.
