El último informe de Greenpeace sobre la situación ambiental en Andalucía ha resaltado varios proyectos peligrosos para la conservación de la naturaleza en esta región. Entre los ejemplos se incluyen la reapertura de la mina Los Frailes en Aznalcóllar (Sevilla), un restaurante en la playa de Bolonia (Cádiz), un proyecto de almacenamiento de gas en el entorno del Parque Nacional de Doñana (Huelva) y un hotel proyectado en la playa de los Genoveses (Almería).
Este informe, publicado el pasado sábado coincidiendo con el Día Mundial de la Protección de la Naturaleza, busca actuar como una llamada a la acción para detener proyectos destructivos que amenazan el medio ambiente en todo el territorio español.
Estado de conservación en España
La organización ha subrayado que, aunque España lidera la superficie protegida a nivel europeo, solo el 8,9 % de los hábitats de interés comunitario presentan un estado de conservación favorable. Además, es el país europeo con más especies amenazadas, con entre un 12 % y un 14 % en peligro de extinción.
Lorea Flores, portavoz de Greenpeace y coordinadora del informe, ha expresado su preocupación: «Muchas corporaciones, empresas e incluso administraciones públicas entienden el territorio como un simple lugar donde realizar actividades económicas. No siempre son compatibles con la sostenibilidad de la vida, y están impulsando proyectos destructivos en espacios naturales de alto valor ecológico, muchos de ellos legalmente protegidos. Necesitamos pararlos».
Además, Greenpeace ha puesto de relieve «la permisividad, negligencia y muchas veces la complicidad» de las administraciones públicas que facilitan la implementación de estos proyectos. Esto se agrava por el hecho de que España lidera «el triste ranking de países con más procedimientos de infracción abiertos por motivos ambientales por parte de la Comisión Europea».
Proyectos incompatibles con la naturaleza
Luis Berraquero, coordinador de Greenpeace en Andalucía, ha manifestado que «Andalucía no constituye una excepción»: «Al igual que en muchos otros territorios, se plantean proyectos incompatibles con la conservación de la naturaleza y con la lucha global contra la pérdida de biodiversidad».
Ante esta alarmante situación, Greenpeace demanda la eliminación de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y la reforma de la Ley de Información No Financiera para garantizar que las grandes empresas informen adecuadamente sobre su impacto ambiental. También piden la protección efectiva de áreas protegidas.
Además, proponen la revisión de abusos en las evaluaciones de Impacto Ambiental y un mayor control sobre los ‘lobbies’, conflictos de intereses, y malas prácticas empresariales. La organización también aboga por la transparencia y rendición de cuentas de las corporaciones y el apoyo al mundo rural y a prácticas agroecológicas.
Greenpeace reclama una planificación territorial coherente con los objetivos climáticos y de conservación, que priorice la protección de los ecosistemas sobre los intereses económicos a corto plazo. Instan a la Junta de Andalucía a reforzar los mecanismos de control ambiental y a apostar por un modelo de desarrollo realmente sostenible, basado en la economía circular y la restauración de espacios degradados.
Con su campaña «Los otros Altri», Greenpeace lanza una advertencia clara: «No toda inversión verde es sostenible si pone en peligro el patrimonio natural andaluz».
