La reciente sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha obligado a retramitar el proyecto del parque eólico que ya contaba con autorización ambiental y de construcción, amparándose en un proceso respaldado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Esta decisión se basa en la necesidad de analizar el proyecto junto con una línea de evacuación que, cabe destacar, ya existe y está en funcionamiento.
Además, respecto a la distancia mínima del parque eólico a una zona de Red Natura, que se establece en 4,5 km, este aspecto ya fue evaluado cuando se otorgó la autorización ambiental. Si el órgano ambiental, que posee la autoridad y el conocimiento técnico y científico adecuado, hubiera identificado algún riesgo no mitigable, previsible o compensable, no habría emitido una declaración ambiental positiva.
Por cada año de retraso en la instalación de los parques en desarrollo en Galicia que se ven afectados por esta judicialización, se dejan de crear aproximadamente 2.750 empleos y más de 6.300 millones de euros en inversión. Esta situación tiene como consecuencia directa la localización de industrias consumidoras en otras comunidades autónomas, lo que imposibilita la creación de empleo industrial en Galicia.
Si esta dinámica destructiva no se aborda, Galicia podría enfrentar un retroceso industrial y de empleo de calidad, condenando a muchos núcleos rurales a sufrir un deterioro y una tendencia a la despoblación debido a la falta de recursos que les permitan prosperar.
Compromiso del sector eólico
El sector eólico ha manifestado su compromiso con Galicia, reafirmando su deseo de seguir generando valor, empleo, innovación y oportunidades en los municipios rurales donde operan. Sin embargo, señalan que es crucial avanzar con certezas, como lo refleja esta sentencia que subraya la urgencia de establecer un marco regulatorio sólido y coherente con los retos actuales que enfrenta el país. Para ello, el sector ha expresado su intención de facilitar un diálogo permanente entre administraciones, sectores económicos y la sociedad, para asegurar un despliegue ordenado, sostenible y compatible con la biodiversidad.
España se ha comprometido a acelerar el despliegue de energías renovables como palanca para mejorar la competitividad industrial, reducir emisiones y generar empleo en el territorio. La energía eólica es actualmente la principal tecnología en el mix eléctrico español, representando un sector industrial estratégico para Galicia, con miles de empleos directos e indirectos y una robusta cadena de valor local. Además, es esencial para garantizar precios más competitivos en electricidad para hogares y empresas.
La Asociación Eólica Gallega ha expresado su desconcierto ante el dictamen del TSXG, especialmente después de los pronunciamientos previos del TJUE y del Tribunal Supremo sobre la energía eólica en la comunidad. Consideran que la tramitación del parque cumple con la legislación gallega.
Por esta razón, se han planteado claramente los puntos de desacuerdo con la resolución y han anunciado su intención de recurrir la sentencia, argumentando que Galicia necesita desarrollar energías renovables y que el parque A Ruña III debería ser un paso fundamental para lograrlo.
