El presidente del Senado, Pedro Rollán, durante una sesión plenaria, en el Senado, a 22 de octubre de 2025, en Madrid (España).
El conflicto de atribuciones ha contado con la abstención de algunos socios del Gobierno como ERC y EH Bildu.
MADRID, 22 (EUROPA PRESS)
El Partido Popular (PP) ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacarle adelante este miércoles un conflicto de atribuciones con el Gobierno. Este procedimiento podría acabar en última instancia en el Tribunal Constitucional (TC) para obligar al Ministerio de Hacienda a presentar ya el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes.
La aprobación de este conflicto se produjo tras un debate bronco, con diversas llamadas al orden por parte del presidente del Senado, Pedro Rollán, a senadores socialistas para que se ciñeran al orden de la cuestión. También se dieron reproches cruzados entre PP y PSOE a cuenta de las polémicas judiciales del Gobierno o la falta de Presupuestos en comunidades autónomas ‘populares’.
El PP ha activado el procedimiento para que la Cámara Alta eleve un nuevo conflicto de atribuciones ante el Tribunal Constitucional relacionado con los Presupuestos del año que viene. De este modo, el Senado ha adoptado el caso como suyo y se remitirán al Gobierno.
El Ejecutivo tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones. Sin embargo, también tiene la opción de no contestar y darlo por sustanciado. En caso de que no se dé respuesta o si esta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.
Durante la votación en el Pleno, los ‘populares’ no contaron con el apoyo de otros grupos. Sin embargo, se encontraron con la abstención de ERC, EH Bildu, Vox, UPN, Asociación Socialista Gomera y Agrupación Herreña Independiente.
ES UNA «OBLIGACIÓN» DE LA CONSTITUCIÓN
En el texto del conflicto de atribuciones, el PP sostiene que el Senado «no debe admitir ni tolerar el incumplimiento» de la obligación que la Constitución impone al Gobierno, que tiene el deber constitucional de presupuestar.
Del mismo modo, advierten de que no pueden «admitir» la «práctica fraudulenta» de modificación presupuestaria «al margen del Parlamento», como consecuencia de la falta de Presupuestos, ya que esto es «contrario al principio de legalidad presupuestaria».
El PP ha indicado que «la situación actual», que se reproducirá en 2026, de mantener prorrogados unos Presupuestos de 2023 es comparable a la situación que se vivió en 2020, cuando se mantuvieron prorrogados los Presupuestos de 2018. Esto sucedió porque el Gobierno, debido a la crisis provocada por la pandemia de COVID-19, decidió no presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de ese año.
Según el PP, actualmente «no existe justificación posible» para no presentar los Presupuestos, «salvo la de no haber podido llegar a un acuerdo con las fuerzas parlamentarias que aseguren la aprobación de los mismos».
Finalmente, el PP sentencia que «los motivos políticos no pueden ser esgrimidos para justificar la omisión del cumplimiento por parte del Gobierno de obligaciones constitucionales, impidiendo que las Cortes Generales y, en concreto, el Senado, puedan ejercer su función presupuestaria».
