Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado en un juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la supuesta filtración de información en su contra que, según él, destrozó su presunción de inocencia. En su alegato, González Amador afirma que esta actuación ha impuesto sobre él una «sentencia popular» y lo ha convertido en «moneda política».
Contexto del Juicio
El abogado Gabriel Rodríguez Ramos, que representa a González Amador, presentó su informe final ante el Tribunal Supremo, donde García Ortiz enfrenta acusaciones de filtrar a la Cadena SER un correo electrónico en el que la defensa de González Amador ofrecía reconocer dos delitos fiscales a cambio de un pacto para evadir la cárcel. Esta supuesta filtración ocurrió la noche del 13 de marzo de 2024, tras el envío del correo por parte del abogado a la Fiscalía el 2 de febrero del mismo año.
Rodríguez Ramos destacó que no se trató solo de informar sobre un procedimiento penal, sino de transmitir que González Amador era «un delincuente confeso». Según él, «tenía una sentencia pública de condena», lo que a su juicio es un daño irreversible para su cliente.
Impacto de la Filtración
El letrado afirmó que la acusación ha convertido a González Amador en «moneda política» bajo un «relato institucional» que ha sido respaldado continuamente por representantes del Gobierno, incluyendo al presidente Pedro Sánchez y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, quienes lo nombran como «delincuente confeso».
Rodríguez Ramos argumentó que dicha filtración ha establecido una maquinaria de comunicación que ha afectado gravemente a su cliente, causando daños tanto económicos como personales, y cuestionó qué defensa se puede llevar a cabo en tales circunstancias. En el juicio, se enfatizó que «este relato» se actualiza continuamente en el discurso político del Gobierno.
Dudas sobre la Necesidad de la Filtración
El abogado insistió que no era necesario incluir detalles sobre la disposición de la defensa de González Amador a reconocer los delitos fiscales en la note contractual de la Fiscalía para «neutralizar ningún bulo», como ha declarado el fiscal general. García Ortiz defendió que la nota era esencial para desmentir rumores, pero Rodríguez Ramos abordó que la inclusión de este relato de confesión y culpabilidad no está justificada por ningún fin legítimo.
Apoyándose en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Rodríguez Ramos subrayó que la divulgación de datos que sugieren un posible fraude, antes de una sentencia, puede vulnerar la presunción de inocencia, lo que se traduce en un grave atropello para González Amador.
Revelaciones en el Discurso Público
Rodríguez Ramos también criticó que la conducta del fiscal general se alinee con la política de comunicación del PSOE en Madrid, y mencionó que otros altos cargos del Gobierno se han referido a su cliente de manera perjudicial y sin legitimidad. Al final de su intervención, volvió a repetir la necesidad de un juicio justo y la protección de los derechos fundamentales de González Amador.
Conclusiones Finales
En un momento de elevada tensión política y mediática, el destino de tener una defensa efectiva y la protección de su reputación se ha mostrado incierto para González Amador, mientras que sigue adelante el juicio contra Álvaro García Ortiz.
