MADRID 17 de mayo. – El juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, Ismael Moreno, ha llamado a declarar este jueves como investigado al empresario Víctor de Aldama, a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.
El empresario estaba citado para el 14 de mayo junto con Koldo García, el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, ambos en calidad de investigados. Sin embargo, Moreno trasladó la declaración de Aldama a la semana siguiente, según una providencia a la que tuvo acceso, una vez «verificada la agenda de señalamientos» de la Audiencia Nacional.
Koldo se acogió a su derecho a no declarar. Su abogada, Leticia de la Hoz, lo anunció a los periodistas y presentó un recurso al magistrado que investiga el ‘caso Koldo’, solicitando el archivo de la causa y la suspensión del interrogatorio, al entender que los hechos por los que se le iba a interrogar ya han sido juzgados en el Tribunal Supremo.
De la Hoz señaló que Koldo estaba llamado a declarar sobre mascarillas de Baleares y Canarias, a pesar de que «ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo, porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas». También puntualizó que fue objeto de prueba, al haberse solicitado la declaración de expresidentes de esas islas, Francina Armengol y Ángel Víctor Torres, lo cual, efectivamente, se llevó a cabo en el juicio.
La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de Koldo y Aldama tras el informe de la UCO sobre Baleares, con el fin de profundizar en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y Ábalos.
El mencionado informe recordaba que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, «constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo», una relación que le permitía al empresario «tener acceso» al exministro.
Asimismo, se indicaba que esta «relación económica» se mantuvo hasta ocho meses después de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que «este patrón» de pagos de Aldama no se «ceñirá a actuaciones concretas», sino «al aseguramiento de su capacidad de influencia» para obtener «un lucro económico».
El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación. La que dio origen a la causa son las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, que parcialmente ha sido juzgada por el Supremo, con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados, debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.
Adicionalmente, se trata de una causa en la que también se investigan presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.
