El Gobierno ha convocado para el próximo lunes, 17 de noviembre, al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para abordar con las comunidades autónomas los objetivos de estabilidad financiera de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026. El CPFF, que incluye a los gobiernos central y autonómicos, tiene como función emitir un informe previo a la aprobación de dicha senda de estabilidad, y este informe también debe ser considerado en la preparación de los presupuestos de cada comunidad.
La reunión del lunes está programada para las 12:00 horas, y se espera que, después de esta, el Consejo de Ministros apruebe el martes el límite de gasto no financiero, conocido como «techo de gasto», así como los objetivos de estabilidad y de deuda pública que se enviarán a las Cortes Generales.
Si el Parlamento aprueba la senda de estabilidad 2026-2028, el Consejo de Ministros tendrá la posibilidad de enviar el proyecto de Presupuestos a las Cortes. No obstante, el año pasado el Gobierno presentó los objetivos relativos a los Presupuestos de 2024 dos veces, pero aquellos presuntos no se tramitaron debido al adelanto electoral en Cataluña. Además, las Cortes Generales rechazaron la senda para los Presupuestos de 2025, lo que imposibilitó la aprobación de nuevas cuentas públicas.
Reacción de JUNTS: oposición a una senda similar
El contexto parlamentario se complica para el Gobierno tras la ruptura anunciada por Junts, que ha manifestado su intención de bloquear todas las iniciativas del Gobierno, incluido el traspaso de los Presupuestos Generales del Estado. Desde Junts advierten que si se plantea recuperar los mismos objetivos de estabilidad que fueron rechazados el año anterior, se volverían a oponer. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, afirmó que «si presenta lo mismo va a tener el mismo voto que ha tenido el año pasado, y esto es de pura lógica», indicando que debe haber un repartimiento más equitativo entre las comunidades autónomas.
A pesar de la presión política, el presidente Pedro Sánchez ha asegurado que continuará avanzando con su «hoja de ruta» hasta agotar la legislatura en 2027, con o sin nuevos Presupuestos.
AIREF sugiere mantener los límites de déficit
Referente a las comunidades autónomas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que no necesitan un objetivo de déficit superior al 0,1%, que el Ministerio de Hacienda propuso el año pasado y que finalmente no fue aprobado para 2026 y 2027. La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, declaró que «con nuestras previsiones —que apuntan a un equilibrio presupuestario en 2026— y con la regla de gasto nacional, no parece que el conjunto del subsector necesite un objetivo mayor de déficit».
Los objetivos establecidos para la Administración Central se fijan en un 1,8% para 2026 y un 1,5% para 2027, mientras que para las administraciones locales se prevé alcanzar un equilibrio presupuestario (0%) en 2025 y 2026.
Reforma del sistema de financiación autonómica
En el orden del día del Consejo de Política Fiscal también se discutirá la situación actual de la reforma del sistema de financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda ha estado trabajando en una propuesta que garantizará un modelo «positivo» y «beneficioso» para todas las regiones, con la intención de concretar dicho nuevo modelo durante esta legislatura, como anunció el presidente del Gobierno.
Tras la aprobación por el Consejo de Ministros del anteproyecto para la condonación de la deuda, el Gobierno también busca renovar el sistema de financiación que ya está obsoleto desde hace más de una década. Además, hay planes pendientes para materializar el acuerdo entre el PSOE y ERC sobre una financiación singular para Cataluña, aunque todavía no se ha especificado cómo se llevará a cabo.
Vínculo entre deuda y financiación autonómica
Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han asociado la condonación de la deuda, propuesta por el Gobierno, a la aprobación del nuevo sistema de financiación. A su juicio, esta quita de deuda es un «parche» que no aborda el problema estructural de fondo, que es actualizar el modelo de financiación. Por lo tanto, han exigido que este asunto se incluya en las discusiones en el CPFF y en la Conferencia de Presidentes.
En este contexto, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha instado al PP a encontrar un acuerdo que garantice la financiación autonómica, señalando que el nuevo modelo requerirá el respaldo de las Cortes Generales, además de contar con la aprobación del CPFF.
Durante la legislatura pasada, el Ministerio de Hacienda presentó una propuesta a las comunidades autónomas de régimen común, Ceuta y Melilla, para reformar el sistema en base a criterios de población ajustada y variables solicitadas por las comunidades «infrafinanciadas». Sin embargo, no se han concretado acciones posteriores para avanzar en esta reforma, y el proceso quedó estancado con las elecciones que se llevaron a cabo en varias regiones y a nivel nacional.
