El Consejo de Ministros ha aprobado el límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, que alcanza la cifra récord de 216.177 millones de euros. Esta cantidad incluye los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y supone un incremento del 8,5 % respecto a 2025. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó en una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros que se está cumpliendo con un hito fundamental para la elaboración de los presupuestos de 2026, que, según afirmó, serán beneficiosos para la ciudadanía.
Sin considerar los fondos europeos, el límite de gasto no financiero ‘nacional’ para 2026 incrementa en un 8,5 % respecto a 2025, alcanzando los 212.026 millones de euros. Con esta aprobación, el Ejecutivo ha iniciado de manera oficial la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año siguiente, además de establecer los objetivos de déficit y de deuda pública para su remisión a las Cortes Generales.
En caso de que el Parlamento apruebe la senda de estabilidad 2026-2028, ya que el ‘techo de gasto’ no requiere votación, el Consejo de Ministros podrá continuar con la elaboración del proyecto presupuestario. Montero espera presentar el proyecto en el Congreso de los Diputados a principios o mediados del primer trimestre del próximo año, con la intención de que las cuentas públicas sean aprobadas en abril o mayo.
La ministra subrayó que, si durante el año se presentara una «ventana de oportunidad» donde algunos grupos políticos inicialmente reticentes decidieran apoyar los proyectos, la presentación podría adelantarse. «Si mañana me dicen varios grupos que están dispuestos a apoyarlo, lo presentaremos antes de que termine el año», declaró Montero.
UNOS PRESUPUESTOS «EXPANSIVOS Y RESPONSABLES»
Montero adelantó que estos presupuestos serán «expansivos y responsables» y que ya trabaja para hacerlos percibir como una «necesidad» por la mayoría de los grupos políticos. La senda de estabilidad aprobada, que sirve como hoja de ruta en temas de deuda y déficit, se ha planteado para la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y la Seguridad Social.
Junto con el ‘techo de gasto’, el Gobierno ha dado luz verde a una senda fiscal que establece la reducción del déficit del conjunto de las Administraciones Públicas de un 2,1 % en 2026 a un 1,8 % en 2027 y un 1,6 % en 2028. Se ha fijado un déficit del 0,1 % del PIB para las comunidades autónomas en 2026, 2027 y 2029, permaneciendo como objetivo la estabilidad presupuestaria para los ayuntamientos.
Desde Junts, se ha advertido al Gobierno que si se plantean los mismos objetivos de estabilidad que el año pasado, volverán a rechazarlos. «Si presentan lo mismo, tendrán el mismo voto en contra que el año pasado», afirmó la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, enfatizando la necesidad de un mayor reparto entre instituciones como las comunidades autónomas.
Montero advirtió que las comunidades autónomas perderán capacidad de gasto por un total de 5.485 millones de euros si los planes de estabilidad son rechazados en dos ocasiones.
TRANSFERENCIA DE 22.881 MILLONES A LA SEGURIDAD SOCIAL
La consolidación fiscal afectará tanto a la Administración General del Estado como a la Seguridad Social. Para la Administración General del Estado, el déficit objetivo es del 1,8 % en 2026, en contraste con el 2,2 % del año anterior. La ministra explicó que esos datos contemplan las transferencias a la Seguridad Social, que se asumirán en su totalidad y que resultan en un impacto del -1,4 %. Además, la distribución del impuesto a la banca entre las comunidades autónomas reducirá los ingresos estatales y aumentará los recursos autonómicos.
Se prevé realizar una transferencia de la Administración Central a la Seguridad Social de 22.881 millones de euros para cumplir con la recomendación máxima del Pacto de Toledo. Montero aclaró que esta transferencia impactará significativamente en la senda de déficit del sector de la Administración General del Estado. En 2027, el objetivo para la Administración General del Estado será del 1,5 %, y para 2028 será del 1,4 %. En cuanto a la Seguridad Social, se espera que el déficit se mantenga en un 0,2 % en 2026 y 2027, y que descienda al 0,1 % en 2028.
SENDA DE REDUCCIÓN DE LA DEUDA, HASTA BAJAR AL 99,1 % EN 2028
En lo referente a la deuda pública, el Gobierno ha establecido un objetivo para las administraciones públicas que será del 100,9 % del PIB en 2026, del 100 % en 2027 y del 99,1 % en 2028. «Continuaremos reduciendo la carga del país, algo que hemos logrado con éxito en los últimos años, luego de que la deuda pública alcanzara su máximo histórico durante la pandemia», aseguró Montero.
Por último, la regla de gasto estará fijada en el 3,5 % para 2026, 3,4 % para 2027 y 3,2 % para 2028.
LOS INGRESOS TRIBUTARIOS TAMBIÉN CRECERÁN EN TORNO AL 8,5 %
En relación con los ingresos tributarios, Montero estima que cerrarían el año 2025 por encima de los 325.000 millones de euros y prevé que, para 2026, crezcan aproximadamente un 8,5 %, alcanzando un nuevo récord de más de 350.000 millones de euros. La titular de Hacienda ha aclarado que esta previsión no requerirá nuevas medidas fiscales ni la creación de nuevos impuestos, descartando así cualquier acción que necesite de una ley adicional en este momento.
«Después de la reforma fiscal, creo que aún hay muchas figuras tributarias con capacidad de rendimiento. Sin embargo, sabemos qué tan complicado es llevar a cabo reformas de este tipo en el Congreso de los Diputados. La última que realizamos prácticamente es nueva», recordó Montero.
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