El Gobierno de España ha anunciado la desclasificación de «153 unidades documentales» relacionadas con el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Esta información se pondrá a disposición del público este miércoles a partir del mediodía en la página web de Moncloa.
MADRID, 24 (EUROPA PRESS)
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha indicado que estos documentos, que han estado clasificados durante décadas bajo normativa franquista, ahora podrán ser consultados por historiadores, investigadores y la ciudadanía a través de canales oficiales. El proceso de digitalización está siendo llevado a cabo por los Ministerios de Exteriores, Defensa e Interior.
Saiz ha subrayado que esta medida pone fin a «una situación atípica en las democracias», recordando que Alemania publicó documentos similares en 2012. La portavoz también enfatizó su confianza en que el proyecto de ley de Información Clasificada pueda ser aprobado en el Congreso, para que decisiones como esta se conviertan en la norma.
Cuestionada sobre si esto cambiará el relato del golpe de Estado y el papel del entonces Rey Juan Carlos I, la ministra afirmó que se desclasificará toda la documentación disponible relativa al 23-F, ya que no existe «un único sitio» con estos documentos. Entre el material que se va a hacer público se encuentran «informes, transcripciones de conversaciones» y tal vez alguna imagen.
Fuentes de Moncloa aclararon que los documentos estarán en formato PDF, lo que significa que no habrá material de audio ni vídeo disponible para el público.
Dicho esto, la portavoz defendió que, tras 45 años del 23-F, ha pasado un «tiempo prudente y suficiente». Además, reivindicó que en una época donde «el algoritmo tiene una fuerza extraordinaria para difundir bulos y desinformación», la decisión de desclasificar estos documentos ayudará a prevenir que «la ultraderecha siga utilizando conspiraciones» para desinformar a los jóvenes que piensan que «con Franco se vivía mejor».
«HASTA DONDE PODÍA LLEGAR»
En este contexto, y al ser preguntada sobre la posible desclasificación de otros documentos secretos, como han reclamado partidos como Bildu, PNV o Junts, Saiz destacó el «compromiso firme» del Gobierno con la memoria democrática, afirmando que han llegado «hasta donde podían llegar».
Asimismo, la portavoz valoró el proyecto de ley de Información Clasificada aprobado por el Consejo de Ministros en 2025, que busca reemplazar la legislación franquista sobre secretos oficiales. Saiz opinó que es importante «construir un consenso» entre los grupos políticos para que esta ley sea una realidad, y no una excepción.
Este proyecto contempla la desclasificación automática a los 45 años de los secretos oficiales considerados «alto secreto»; a los 35 años para los clasificados como «secreto»; entre 7 y 9 años para información «confidencial» y entre 4 y 6 años para información «restringida».
NO AFECTARÁ A LA SEGURIDAD NACIONAL, SEGÚN MONCLOA
Fuentes gubernamentales han señalado que los Ministerios de Exteriores, Defensa e Interior son los involucrados en el proceso de desclasificación. Tras la aprobación de la norma que permite hacer pública esta información, hay equipos en estos ministerios trabajando en la digitalización del material para garantizar su disponibilidad.
El Gobierno no tiene conocimiento sobre qué información específica se hará pública, por lo que deberán esperar hasta este miércoles para conocer los detalles. No obstante, consideran que esto no afectará a la seguridad nacional, dado el tiempo que ha pasado desde el golpe de Estado.
AVISO PREVIO A CASA REAL
Cabe destacar que entre los documentos que no se harán públicos se encuentra el sumario del proceso judicial contra los responsables del golpe, ya que no fue declarado como secreto y permanece bajo la custodia del Tribunal Supremo.
Además, se afirmó que antes de que el presidente Pedro Sánchez anunciara el levantamiento del secreto de estos documentos, el Gobierno había avisado previamente a la Casa Real.
