El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha lanzado la segunda convocatoria de ayudas bajo el programa RENORED, destinado a financiar infraestructuras térmicas que utilicen energías limpias para edificios y servicios públicos hasta el año 2029. Este programa cuenta con un presupuesto total de 50 millones de euros, provenientes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) con fondos NextGenerationEU, y tiene como objetivo principal reducir la dependencia de los combustibles fósiles y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector residencial y en las infraestructuras públicas.
Requisitos técnicos y plazos de las ayudas
Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la construcción de nuevas centrales de generación, la creación de redes de distribución y las ampliaciones de las existentes que cuenten con una potencia mínima de 1 MW. Es indispensable que los proyectos hagan uso exclusivo de fuentes renovables, como la biomasa, la geotermia y la solar de concentración, excluyendo a aquellas que utilicen combustibles fósiles en la red.
Cuantía, beneficiarios y criterios de selección
Para ser elegibles para estas ayudas, es necesario que los equipos estén dotados de etiquetado energético y cumplan con la mejor tecnología disponible. Además, deberán llevar a cabo la monitorización energética y medioambiental del sistema, así como cumplir con los requisitos del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) que sea aplicable. Todas las instalaciones deben estar finalizadas antes del 30 de junio de 2029.
La convocatoria se divide en dos programas: el Programa 1, destinado a beneficiarios que llevan a cabo una actividad económica, dispone de 40 millones de euros, mientras que el Programa 2 está dirigido a sectores sin actividad económica y cuenta con un presupuesto de 10 millones de euros.
Las ayudas ascenderán al 35% para el Programa 1 y al 70% para el Programa 2. En el caso de las pequeñas empresas, se podrá aumentar el porcentaje en un 10%, y un 5% adicional para las medianas.
Además, aquellos proyectos que se ubiquen en municipios considerados de reto demográfico o en transición justa podrán incrementar los incentivos en un 5%. Se ha establecido un límite máximo de ayuda de 15 millones de euros por proyecto y beneficiario, así como una inversión mínima de 450.000 euros.
Las ayudas a fondo perdido se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva a los expedientes mejor valorados.
Para la selección de los proyectos, se considerarán varios criterios: el criterio económico representará el 70% del total, el tamaño de la empresa un 10%, la ubicación geográfica en municipios de reto demográfico o en transición justa otro 10% y la suministración de calor a barrios vulnerables, que también contará con un 10% de importancia.
Las ayudas serán definitivas una vez se verifique la ejecución del proyecto y se certifique la inversión, además de permitir solicitar anticipos de hasta el 80% del total.
Objetivos climáticos y el papel de las redes térmicas renovables
La convocatoria, que forma parte de la componente 31 del PRTR, pretende ayudar a alcanzar los objetivos de mejora de la eficiencia energética y la utilización de energías renovables establecidos en el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) 2023-2030. Este objetivo requiere una reducción gradual de la demanda energética en edificios e infraestructuras públicas, así como la transición hacia fuentes de energía menos contaminantes.
Esta es la segunda convocatoria de este tipo, tras la anterior que concedió 34 millones de euros para 20 proyectos, destacando a Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha como las comunidades autónomas con más iniciativas, prevaleciendo la biomasa como principal fuente de energía utilizada.
Las solicitudes podrán presentarse a través del sistema telemático de la sede electrónica del IDAE, desde el 21 de enero hasta el 27 de febrero de 2026.
La evaluación de las solicitudes será competitiva, prestando especial atención a aspectos económicos, el tamaño de la empresa y su ubicación en áreas de desafío demográfico o de transición justa, así como la capacidad de la acción para beneficiar a comunidades vulnerables. Las subvenciones finales se otorgarán solo tras verificar la efectividad del proyecto, permitiendo adelantos de hasta el 80% del total de la ayuda.
