El Gobierno ha confirmado que el auto judicial que imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por supuestamente liderar una trama de tráfico de influencias es un documento «serio» que presenta indicios, aunque sus representantes se muestran más tranquilos debido a la falta de pruebas incriminatorias concluyentes en su contra.
Según fuentes del Ejecutivo, el auto emitido por el juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional le atribuye a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Sin embargo, enfatizan que el documento no incluye mensajes, conversaciones o audios que demuestren tal tráfico de influencias. Los indicios que se mencionan se basan en testimonios de terceros referidos a las actividades de la supuesta trama.
Además, resaltan que Zapatero no es propietario de ninguna empresa, y todos sus ingresos han sido declarados a su cuenta personal.
Zapatero, «faro moral» del PSOE
El Gobierno no descarta la posibilidad de que aparezcan más pruebas en el futuro, pero sostienen su apoyo a Zapatero, considerándolo un «faro moral» para los socialistas.
Sin embargo, admiten que este auto judicial no se relaciona con otras investigaciones que han sido desdeñadas públicamente, como la que lleva a cabo el juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno. A pesar de ello, no ven pruebas contundentes similares a las que presentó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, que resultaron en su defenestración inmediata.
El martes por la mañana, tras conocerse la imputación de Zapatero, el PSOE salió a defenderlo, aludiendo a una posible utilización política de la Justicia, en respuesta a lo que consideraban una consigna del Partido Popular de «quien pueda, que haga». Sin embargo, en el Ejecutivo ahora se separan de esta postura, asumiendo que fue una reacción precipitada al no conocer aún los fundamentos del auto.
Diferentes socios del Gobierno, como Sumar, Compromís y Podemos, han retrocedido en sus acusaciones de guerra sucia judicial contra Zapatero. «Ya no está tan claro» que haya habido ‘lawfare’, declaró este miércoles la diputada de Compromís, Agueda Micó, al llegar al Congreso.
Mantienen apoyo hasta que aparezcan pruebas
De este modo, el Gobierno mantiene una «defensa cerrada» del expresidente Zapatero, aunque advierten que esto es hasta que se presenten indicios probados. Esta postura fue reafirmada por el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, quien afirmó: «Yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario», y enfatizó la necesidad de que la Justicia «ponga pruebas encima de la mesa».
Desde la tribuna, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también expresó su apoyo al expresidente, centrándose en su legado que incluye la retirada de tropas de la guerra «ilegal» de Irak, la culminación de ETA, y la expansión de los derechos sociales de los españoles. «Todo mi apoyo al presidente Zapatero», concluyó.
