La agenda nacional en salud durante 2025 ha estado marcada por diversas polémicas entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas del Partido Popular (PP). Estas controversias han surgido a raíz de los fallos en los cribados de cáncer en Andalucía y la falta de un registro de objetores de aborto, así como las múltiples protestas de los sanitarios contra la reforma del Estatuto Marco.
La relación entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas se ha complicado y reflejado en los numerosos encuentros del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). En uno de estos encuentros, los consejeros del PP abandonaron la mesa de negociaciones, evidenciando la tensión existente.
Los consejeros del PP acusaron a la ministra de Sanidad, Mónica García, de «intromisión» en competencias y de utilizar el CISNS de manera partidista. Esto se desencadenó tras la solicitud del Gobierno a las comunidades para que informaran sobre los datos de los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix, en medio de la crisis por los retrasos en la realización de mamografías en Andalucía. Aunque García amenazó con acciones legales debido a la falta de colaboración, actualmente solo la Comunidad de Madrid no ha entregado los datos, aunque su consejería asegura que el proceso va «en tiempo y forma».
La controversia sobre los cribados no es la única que ha generado fricciones entre Sanidad y la Comunidad de Madrid, ya que la comunidad también se ha opuesto a implantar un registro de objetores de conciencia al aborto. La Comunidad de Madrid sostiene que esto afecta la libertad de objeción, mientras que Sanidad sostiene que el listado sería anónimo y destinado a abordar la carencia de servicios públicos de aborto en ciertas regiones.
Amenazas de acciones judiciales
Considerando esta situación, el Ministerio de Sanidad envió un requerimiento formal a Madrid, Aragón y Baleares para cumplir con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva de 2023. Respecto a la Comunidad de Madrid, se amenazó con iniciar un proceso judicial por lo que se percibe como una «rebeldía hacia la ley, la democracia y las mujeres de la Comunidad de Madrid».
A principios de diciembre, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, informó que no recibió ninguna de las denuncias que Sanidad había anunciado por no presentar su registro de objetores de conciencia al aborto, ni tampoco la denuncia correspondiente de la Alta Inspección Médica referida al Hospital de Torrejón. Este hospital ha estado bajo escrutinio tras la filtración de audios del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, quien aparentemente daba instrucciones para rechazar pacientes o eliminar prácticas consideradas no rentables. Ribera Salud defensó su actuación, argumentando que el audio fue descontextualizado.
Huelgas sanitarias y el Estatuto Marco
La reforma del Estatuto Marco de los trabajadores sanitarios ha sido otra de las cuestiones determinantes de la agenda sanitaria de este año. Sanidad ha tenido que lidiar con los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) y con la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA).
Con el primer grupo, se ha llegado a un preacuerdo que elimina las guardias de 24 horas, reduce la jornada laboral a 35 horas semanales, establece OPEs obligatorias cada dos años e incluye avances en jubilaciones parciales y anticipadas. Sin embargo, CESM y SMA han rechazado este acuerdo, exigiendo un Estatuto propio para los médicos, que Sanidad considera que rompería la cohesión del SNS. Esta disputa ha derivado en sus propias huelgas y protestas, diferentes del resto de los sindicatos.
Por otra parte, el PP ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) en el Congreso de los Diputados para pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la retirada de la reforma del Estatuto Marco propuesta por el Ministerio de Sanidad, aumentando la brecha entre ambas partes. Las tensiones también surgieron tras la aprobación en el Consejo de Ministros de 172 millones de euros para reforzar la Atención Primaria, 39 millones para salud mental y 18 millones para la prevención del suicidio. El PP consideró estas cifras insuficientes, instando al Ministerio a atender la falta de profesionales en Atención Primaria y acusó al departamento de Mónica García de no mejorar las condiciones de los médicos generales y de familia.
Aprobaciones logradas
A pesar de estas tensiones, el Ministerio de Sanidad ha logrado consensos con casi todas las formaciones parlamentarias para la aprobación de la Agencia Estatal de Salud Pública (AESAP). Este organismo tiene como objetivo mejorar la capacidad de respuesta ante riesgos y amenazas graves para la salud, aunque inicialmente enfrentó objeciones por el veto a varias enmiendas propuestas.
También se ha aprobado el Plan de Salud Mental 2025-2027, el Modelo de Plan de Seguimiento Individualizado del Largo Superviviente de Cáncer Infantil, nuevos cribados neonatales para la cartera de servicios del SNS, la distribución de fondos adicionales para la lucha contra el cáncer y el Plan VEO, destinado a financiar gafas y lentillas para menores de 16 años.
Por último, se ha asignado un presupuesto de 500 millones de euros para la Ley ELA, con el objetivo de fortalecer el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y atender a los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y otras enfermedades complejas, tras un año desde su aprobación en el Congreso sin haber recibido financiación previa.
