El Tribunal Supremo arranca 2026 con varios frentes pendientes, destacando entre los mismos el juicio contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas adjudicados por el Ministerio de Transportes durante la pandemia, que aún está pendiente de fecha.
La Sala de Apelación del alto tribunal avaló este diciembre la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de sentar en el banquillo a Ábalos y Koldo, quienes se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre.
Ábalos y Koldo recurrieron su procesamiento, pero los magistrados desestimaron los recursos, señalando que alargar la investigación con nuevas diligencias no podría desvirtuar el «robusto arsenal indiciario» que existe contra ambos y criticando que pretendan «alejar el momento del enjuiciamiento alegando razones variopintas».
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
De cara al juicio, Ábalos ha solicitado al Supremo ser juzgado por un jurado popular, que esté formado por ciudadanos, y no por un tribunal de magistrados.
AMAÑOS DE OBRA PÚBLICA
La vista sobre las mascarillas no será el único frente de Ábalos en el Supremo, ya que el exministro se encuentra investigado en otra pieza del ‘caso Koldo’, en la que se investiga una presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, donde también están imputados Koldo y el exdirigente socialista Santos Cerdán.
En esta pieza, en la que se investiga también a empresarios y exresponsables de constructoras, el magistrado instructor continuará indagando, ya que está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregue varios informes.
CAUSAS CONTRA ‘ALVISE’
Otros de los casos que el Supremo continuará instruyendo en el nuevo año son los relacionados con el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, quien ya prestó declaración voluntaria en tres de las cuatro causas abiertas, mientras se tramitan los respectivos suplicatorios al Parlamento Europeo para proceder a su imputación formal.
En concreto, ‘Alvise’ se enfrenta a la presunta financiación irregular de su partido SALF; a la presunta difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y al presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
A estos casos se suma el supuesto acoso y revelación de secretos sobre dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 en la lista de SALF, y que interpusieron una querella contra él. El Supremo ha ofrecido a ‘Alvise’ declarar voluntariamente y ha citado a los dos querellantes para el próximo 19 de enero.
Además, tras la condena de dos años de inhabilitación impuesta al exfiscal general del Estado, el Supremo estará pendiente de si Álvaro García Ortiz decide presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, que deberá resolver el alto tribunal.
LA RENOVACIÓN DEL TC Y LOS RECURSOS DE LOS CONDENADOS DEL ‘PROCÉS’
Por su parte, el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver los recursos de algunos condenados por el ‘procés’ contra la decisión del TS de no amnistiarles la malversación.
Entre ellos está el ‘expresident’ Carles Puigdemont, quien ha solicitado al Constitucional que suspenda la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra.
El TC también deberá resolver los recursos de amparo presentados por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raúl Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del TS de no amnistiarles la malversación.
Más allá del proceso independentista catalán, el TC tendrá que abordar la renovación de cuatro de sus magistrados: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y otros tres miembros: la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez, cuyos mandatos expiraron el pasado 17 de diciembre.
Se espera que esta renovación parcial no sea inmediata debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos, especialmente entre el PP y el PSOE, para pactar otros cuatro nombres, lo que podría generar un bloqueo «prolongado».
Desde el TC se augura un retraso que se extenderá en el tiempo y que afectará el mandato de los nuevos magistrados que finalmente se designen, ya que de los 9 años de mandato que tienen, habrá que restar el tiempo transcurrido desde el 17 de diciembre hasta la fecha en que se concrete la renovación.
