La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su desacuerdo con la reciente condena del Tribunal Supremo (TS) al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien califica de «jurista brillante». Díaz considera que esta condena es «política», una «anomalía» y está dirigida principalmente «contra el Gobierno» progresista.
Un fallo controversial
Durante una rueda de prensa en Eslovenia, donde se encontraba en viaje oficial, Yolanda Díaz ha sostenido que «esta sentencia, cuando la conozcamos, será estudiada en todas las facultades de derecho de España». También defendió a García Ortiz, afirmando que ha sido condenado «sin pruebas», y expresó su solidaridad hacia él.
Además, Díaz advirtió que el fallo del TS «rompe la institucionalidad del Estado», destacando que la decisión del tribunal fractura la judicatura española, haciendo alusión a los dos votos discrepantes que existieron en la resolución.
La fecha del fallo
La ministra también apuntó que «casualmente», la pena de inhabilitación de dos años contra García Ortiz por un delito de revelación de secretos se hizo pública el 20 de noviembre, coincidiendo con la efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco.
Antes de conocer los detalles completos de la sentencia, Díaz ha afirmado, con «absoluto respeto al tribunal», que se trata de una resolución «política», que tiene la intención de impactar no solo al fiscal general, sino también al Gobierno de coalición progresista.
Contexto del caso
Yolanda Díaz ha descrito el caso como «gravísimo» y «algo inaudito», señalando que la denuncia contra García Ortiz proviene de un «bulo» que se originó en el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La ministra hace referencia a una declaración de Miguel Ángel Rodríguez, quien afirmó haber sentido la «obligación» de filtrar a la prensa información sobre negociaciones relacionadas con el novio de Ayuso.
Reacciones de otros ministros
La crítica de Yolanda Díaz se suma a las declaraciones de otros miembros del Gobierno. Por ejemplo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, calificó la condena como un «intento de la derecha judicial de defender» a Ayuso y de «golpear al Gobierno». Asimismo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, subrayó que la condena violaba la separación de poderes, y la ministra de Sanidad, Mónica García, la consideró un «golpe letal» a la presunción de inocencia.
