MADRID, 5 de mayo – La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha expresado su apoyo a que la fiscal general, Teresa Peramato, dicte la pena que debe solicitar el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo contra el empresario Víctor de Aldama. Este juicio está relacionado con la presunta compra fraudulenta de mascarillas por parte del Ministerio de Transportes, en el que también están implicados el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García.
Díaz se pronunció sobre el asunto en una entrevista esta mañana en Antena 3, donde abordó las informaciones que han circulado en varios medios de comunicación sobre la supuesta intervención de la fiscal general impidiendo que Luzón redujera la petición de pena para Aldama, tras haber colaborado con la justicia.
La ministra subrayó la importancia de «respetar a las instituciones» y evitar críticas que pudieran deslegitimarlas. A su juicio, «queda claro cómo se regula» el Ministerio Fiscal y su estatuto, y exigió una «separación de poderes absoluta».
Ante la afirmación de que no hay precedentes sobre la orden de la fiscal general al fiscal jefe anticorrupción, Díaz recordó un caso anterior con el fiscal general Eduardo Torres-Dulce, relacionado con el ‘caso Faisán’, donde se ordenó una actuación similar. «Hizo exactamente lo mismo», enfatizó.
El ‘caso Faisán’ involucró a dos policías, uno de los cuales era el jefe superior de Policía del País Vasco, que alertaron a ETA sobre una operación en marcha contra sus redes de extorsión. Torres-Dulce solicitó una acusación por colaboración con organización terrorista, aunque el fiscal del caso, Carlos Bautista, no estaba de acuerdo con esta línea.
Díaz consideró «absolutamente normal» que la fiscal general ordene la petición de penas. «Todas las reuniones de las que se habla son parte del procedimiento ordinario de la Fiscalía General del Estado», argumentó, rechazando los «juicios de valor» que se están dirigiendo contra los «profesionales de la justicia».
En su opinión, los fiscales «no están ejerciendo de ningún partido político», y las críticas dirigidas a Peramato son perjudiciales para España: «Me parece un error». Defendió la necesidad de no rebajar las penas para aquellos involucrados en corrupción, como es el caso de Víctor de Aldama, subrayando que «la corrupción es muy grave en nuestro país».
Díaz también recordó que Sumar había propuesto la creación de una Agencia de Prevención de la Corrupción, aunque esta iniciativa no fue adelante debido a que «las tres derechas la tumbaron».
