La presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, presentó una iniciativa de amnistía durante el acto de inicio del año judicial en el Tribunal Supremo. Este proyecto busca ser votado en la Asamblea Nacional y tiene la intención de preparar un marco legal en las próximas horas.
La ley no incluiría a condenados por homicidios, tráfico de drogas ni violaciones de derechos humanos. Rodríguez enfatizó que no deben prevalecer «la venganza, la revancha ni el odio» entre quienes recuperen su libertad.
Según la organización Foro Penal, actualmente hay 711 presos políticos en Venezuela. El Gobierno ha desmentido esta cifra en múltiples ocasiones, calificando a los detenidos como terroristas. Desde el 8 de enero, se han documentado 302 excarcelaciones, aunque las cifras oficiales varían: el ministro del Interior habla de 808 liberaciones desde diciembre, mientras que el fiscal general menciona 643 medidas cautelares.
Reacciones divididas y contexto internacional
María Corina Machado, premio Nobel de la paz 2025, vinculó esta decisión a presiones estadounidenses, afirmando que «no es algo que voluntariamente el régimen haya querido hacer». Además, recordó que algunos de los presos llevan 23 años encarcelados.
Sin embargo, Machado también comentó que la amnistía de Rodríguez es por presión de EE.UU., añadiendo que Delcy Rodríguez es «incapaz» de generar confianza o estabilidad para llevar a cabo una transición política.
Diputados como Henrique Capriles y Stalin González consideraron la propuesta como un paso necesario. Las familias de los detenidos expresaron una mezcla de esperanza y escepticismo tras años de promesas incumplidas.
Venezuela no promulgaba una amnistía desde 2007, cuando Hugo Chávez perdonó a los involucrados en el golpe de 2002. Un intento parlamentario en 2016 fue declarado inconstitucional por el Tribunal Supremo. En 2020, Maduro concedió 110 indultos mediante decreto antes de unas elecciones legislativas que la oposición mayoritaria boicoteó.
La propuesta de amnistía coincide con acercamientos entre Rodríguez y la administración Trump. La presidenta encargada confirmó haber tenido conversaciones telefónicas con Donald Trump y Marco Rubio sobre temas bilaterales, incluyendo la reapertura del espacio aéreo y la apertura del sector petrolero a la inversión extranjera. Rodríguez también propuso convertir el Helicoide, sede del Sebin, señalado como centro de torturas, en un espacio social y deportivo.
