El Ministerio de Trabajo de España ha acordado con los sindicatos CCOO y UGT trabajar en un texto articulado para reformar la legislación sobre despidos en el país. Esta iniciativa busca facilitar un debate político y parlamentario sobre un cambio legal que enfrenta una fuerte oposición por parte de la CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales).
Javier Pacheco, secretario confederal de Acción Sindical y Transiciones Estratégicas de CCOO, hizo estas declaraciones tras una reunión de la mesa de diálogo social sobre el despido, que fue presidida por el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey. Durante este encuentro, CCOO y UGT presentaron formalmente su propuesta para reformar el régimen del despido en España, que incluye medidas para mejorar la protección de los trabajadores.
La propuesta sindical contempla la reparación adecuada con indemnizaciones suficientes para los despidos improcedentes, la garantía de salarios de tramitación, y el establecimiento del derecho a la readmisión para aquellos empleados despedidos sin causa justificada. Pacheco subrayó que estas propuestas se alinean con las resoluciones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).
Además, los sindicatos enfatizan la necesidad de reforzar las causas objetivas que motivan los despidos y de establecer preavisos adecuados para proteger los derechos laborales. Estos aspectos, según Pacheco, son coherentes con la doctrina judicial existente y se ajustan a las recomendaciones de los tratados internacionales ratificados por España.
UGT, representada por su vicesecretario general de Política Sindical, Fernando Luján, y la secretaria confederal de Salud Laboral, Patricia Ruiz, también puso de relieve en un comunicado la urgencia de recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes. UGT aboga por un sistema de indemnización que sea restaurador y disuasorio, además de revisar el actual enfoque entre indemnización y readmisión.
En un contexto crítico, Pacheco cuestionó la postura de la CEOE en este diálogo social, destacando la contradicción de su negativa a mejorar la regulación del despido, lo que contrasta con su participación en la reforma laboral de 2021, orientada a mejorar las condiciones laborales en el país. Pacheco expresó que esta actitud es políticamente reprochable yadridió al Gobierno a continuar impulsando reformas beneficiosas para los trabajadores.
Por otro lado, UGT destacó que la seguridad jurídica en el ámbito laboral no se consigue mediante el rechazo al debate, sino a través de la construcción de una regulación equilibrada y moderna que garantice que las causas alegadas para la finalización de contratos sean verificables y conforme a la ley. Esta organización instó a los empleadores a negociar de buena fe, con el fin de adaptar la legislación laboral a estándares internacionales.
En respuesta a esta situación, la CEOE reafirmó su oposición a cualquier cambio regulatorio en el despido, argumentando que su participación en la reunión fue meramente por respeto a los agentes sociales. La patronal recordó que el Tribunal Supremo dictó una sentencia en julio del año pasado que asegura que la legislación española es conforme a la Carta Social Europea y a los convenios de la OIT, además de que las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no son vinculantes para los estados.
La CEOE también expresó su malestar por iniciativas previas del Ministerio que, según su perspectiva, han sido planteadas sin un verdadero diálogo, poniendo en riesgo los acuerdos alcanzados y afectando la negociación colectiva. Además, señalaron que las propuestas recientes del Ministerio, como las 100 medidas en materia de Responsabilidad Social Empresarial, amenazan con realizar cambios profundos en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la subcontratación.
Desde la CEOE afirman que este artículo fue uno de los más complejos de acordar en la reforma laboral de diciembre de 2021 y consideran que las nuevas propuestas que se intentan introducir son inapropiadas e innecesarias.
