MADRID, 17 de noviembre de 2025 (EUROPA PRESS) – La negociación del borrador del nuevo Estatuto Marco del personal estatutario sanitario se encuentra «ya en el punto final» de las negociaciones activas entre el Ministerio de Sanidad y los principales sindicatos del sector. Así lo ha indicado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha descartado la posibilidad de elaborar un texto normativo propio y específico para la profesión médica.
«Estamos ya en el punto final en el que la mayoría de las reivindicaciones del colectivo sanitario, de los colectivos médicos, están incorporadas en un texto que quiere enterrar la precariedad, la temporalidad y la inestabilidad que llevan sufriendo los profesionales sanitarios desde hace muchos años, fruto de un Estatuto Marco de hace 22 años que nadie ha sacado del cajón», ha declarado García.
La ministra ha añadido que «una vez sacado del cajón, no es poco complejo, pero sí que es verdad que el nuevo texto reúne la disminución de las guardias, las horas de guardia, la disminución de la jornada laboral, la disminución de los límites de trabajo semanales y anuales. Además, reduce al mínimo, a dos años, la temporalidad, como marca, por cierto, una sentencia europea.»
También ha destacado que el nuevo Estatuto pone en el centro los derechos a la conciliación, así como el derecho a poder investigar y formarse durante la jornada laboral. En definitiva, se integran todas aquellas reivindicaciones que han demandado los profesionales desde hace décadas.
Un Estatuto sin texto propio para los médicos
Mónica García ha defendido la creación de un capítulo específico para los médicos, pero ha reiterado que no se puede elaborar un texto normativo propio y específico para ellos, ya que sería «inasumible» y «un gravísimo error». Esto implicaría darle «prioridad de alguna manera» dentro del Sistema Nacional de Salud a un colectivo que ya está incluido en el Estatuto Marco.
«Ellos lo saben (…), e insisto, no hay ni una sola comunidad que lo apoye, no hay ni un solo partido político que apoye esa demanda, por eso yo creo que es inasumible», ha declarado la ministra, quien ha manifestado su esperanza de que este texto sea aprobado en el año 2026, ya que «viene a solucionar la gran mayoría de los problemas de precariedad y de inestabilidad que han sufrido los profesionales sanitarios en los últimos 20 años.»
Sin embargo, García también ha recordado que hay que ser conscientes de cuáles son las competencias del Estatuto Marco y cuáles son las competencias de las comunidades autónomas, puesto que «muchas de las reivindicaciones de los profesionales colisionan, de alguna manera, con las reivindicaciones de las propias comunidades autónicas.»
En relación a las mejoras para los profesionales sanitarios, la ministra utilizó una analogía futbolística: «El Estatuto Marco, si nos ponemos en términos futbolísticos, es el que marca las normas, el que marca el área, lo que es gol, lo que es penalti, pero luego cómo se disponen los jugadores, cómo se les paga a los jugadores o al árbitro, eso lo ponen las comunidades autónomas.»
García ha hecho hincapié en que «hay comunidades que remuneran bien a sus profesionales y hay comunidades que remuneran mal a sus profesionales», lo cual afecta tanto a la hora de guardia como al resto de complementos que dependen de las comunidades. El nuevo Estatuto establecerá los mínimos comunes que deben cumplir todos los territorios para garantizar un mínimo de descanso para todos los profesionales, así como un máximo de jornada laboral y de guardia.
Críticas a la privatización de cribados
Preguntada sobre los datos concretos de los cribados de cáncer que deben remitir las comunidades autónomas, García ha enfatizado que son los datos que permitirán a los ciudadanos «recuperar la confianza en que en sus comunidades, sobre todo en las comunidades gobernadas por el Partido Popular». Ha descrito estos programas como la «piedra angular» del sistema sanitario, dado que ayudan a prevenir tres tipos de cáncer—mama, cérvix y colon—que son fundamentales para tratarlos a tiempo y hacer que los tratamientos sean menos agresivos.
La ministra ha señalado que la negativa inicial de algunas comunidades autónomas a proporcionar datos de los cribados es «otro ataque a la sanidad pública por parte de un gobierno del Partido Popular» que, según ella, «claramente no tiene a nadie al volante.»
Finalmente, García ha culpado a la privatización y externalización de los servicios de los errores ocurridos en la notificación de los cribados, señalando que estos errores se deben a «trocear un procedimiento,» lo que pone en peligro el control del proceso.
