MADRID, 25 sep. (EUROPA PRESS) – La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha abogado este jueves por reforzar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que a día de hoy sigue marcado por «muchas desigualdades» a nivel territorial, social y económico, según un informe elaborado por el Instituto de las Mujeres.
Redondo indicó que «es cierto que necesitamos reforzar el servicio público, porque nos damos cuenta de las diferencias que hay entre los distintos territorios, donde la externalización es prácticamente total, como en Madrid. Creo que esa diferencia atenta contra la igualdad en el acceso a los derechos de la propia Constitución», durante la presentación del documento.
La ministra también planteó la posibilidad de, «a futuro», seguir el ejemplo de Francia y blindar el derecho al aborto en la Constitución, lo que ayudaría a protegerlo y acabar con los «no pocos» obstáculos administrativos. Al respecto, pidió a las comunidades autónomas ser «muy sensibles» y hacer más «livianos» estos procesos burocráticos.
El informe reveló que la objeción de conciencia se produce en «pasos mucho antes» de la interrupción, e incluso al proporcionar información a las mujeres, lo cual se convierte en una «gran barrera» para abortar. Las autoras del texto reclamaron una regulación efectiva para que este derecho no interfiera con la decisión de las mujeres sobre su cuerpo y su maternidad «de forma segura».
Redondo también abordó el «acoso» que sufren las mujeres en las clínicas, señalando la dificultad de regular que una asociación antiabortista no pueda situarse en el entorno de una clínica abortiva. «Yo creo que es ahí donde tenemos que regular y es donde estamos estudiando una normativa. No es nada fácil, porque hay un conflicto de derechos que nos tapona muchas soluciones normativas, pero estamos trabajando en esa posibilidad de prohibir que determinados centros se abran al lado de las clínicas», explicó.
Otros factores que afectan al acceso
La coordinadora de este informe y de la Federación Mujeres Jóvenes, Lucía Candeira de Andrés, indicó que el derecho de acceso al aborto también está marcado por las diferencias entre el mundo urbano y rural, así como por la dependencia del sector privado. Más del 80% de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizan en clínicas privadas, las cuales tienen una perspectiva feminista, pero sus costes pueden suponer una barrera.
Candeira lamentó que en Castilla-La Mancha todos los abortos se deriven a clínicas privadas, de las cuales solo hay dos en toda la comunidad, lo que obliga a muchas mujeres a realizar grandes desplazamientos. Aunque reconoció que Cantabria ha logrado una implantación pública «bastante buena» del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo farmacológico, mencionó que sus habitantes deben desplazarse a Valladolid o Madrid para realizar un aborto instrumental.
La activista criticó la privatización casi total en Madrid, donde se obliga a pasar por una unidad específica que emite una factura para informar sobre el coste de un aborto. «Esto es una barrera política; normalmente a los ciudadanos no se nos da una factura por ir al médico, pero en el aborto se está haciendo», aseguró Candeira.
Toda esta situación, unida al estigma social e institucional y a la falta de formación específica para profesionales sanitarios, genera derivaciones «innecesarias» e itinerarios «muy complejos» que podrían evitarse.
Garantizar el aborto en el sistema público y libre de juicios morales
La integrante de la Junta Directiva de la Federación Mujeres Jóvenes, Laura Selena de Andrés, presentó una serie de propuestas para paliar las desigualdades de acceso al aborto. Entre estas destaca garantizar que se puedan realizar en el Sistema Nacional de Salud (SNS) desde una perspectiva feminista, evitando largos desplazamientos o dependencia de las clínicas privadas, a través de un presupuesto específico.
Para asegurar una atención «libre de juicios morales y discriminación», las autoras del informe reclamaron realizar campañas de sensibilización y crear protocolos de trato digno en todos los centros de salud. «Basta de juicios morales en las consultas; lo que las chicas se están encontrando es que son juzgadas por los propios sanitarios, y eso es muy grave», afirmó De Andrés.
Asimismo, abogó por eliminar trabas administrativas para colectivos vulnerables y garantizar la interrupción voluntaria del embarazo como prestación sanitaria de urgencia. Es fundamental asegurar la accesibilidad universal para mujeres con discapacidad y menores, priorizando aquellos casos de especial vulnerabilidad.
De Andrés también destacó la importancia de implementar la educación sexual en el sistema educativo y tomar medidas para que organizaciones «contrarias» a los derechos sexuales y reproductivos no puedan realizar actividades dentro de los centros. «El derecho a decidir no empieza en la clínica, sino en la escuela o en nuestras casas. Necesitamos una educación sexual integral con estándares comunes en todas las comunidades autónomas», concluyó.
