MADRID, 14 de mayo. – El juicio sobre el presunto enriquecimiento ilícito de la familia Pujol ha quedado visto para sentencia este jueves, después de más de seis meses de vista oral. En este proceso, el expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol i Soley, ha sido exonerado por falta de capacidad cognitiva, mientras que la Fiscalía ha mantenido las penas solicitadas para sus siete hijos, que oscilan entre ocho y 29 años de cárcel.
Este jueves concluyeron los informes finales de las defensas, y casi todos los acusados renunciaron al uso de la última palabra, tras un proceso que ha durado medio año y en el cual se han presentado más de un centenar de testigos.
El tribunal de la Audiencia Nacional ha juzgado a los acusados, incluyendo a los siete hijos del expresidente, por presuntos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la Hacienda Pública y alzamiento de bienes.
Para estos delitos, la Fiscalía Anticorrupción solicita penas que van desde ocho hasta 29 años de prisión, siendo el primogénito de la familia, Jordi Pujol Ferrusola, quien enfrenta la mayor pena. En este proceso también estaba acusado Jordi Pujol i Soley, a quien la Fiscalía pedía nueve años de cárcel y una multa de 204.000 euros, pero el tribunal decidió exonerarlo por falta de capacidad cognitiva.
SIETE HIJOS ACUSADOS
La Fiscalía Anticorrupción ha acusado a los siete hijos del expresidente, a una expareja de Pujol Ferrusola y a una decena de presuntos colaboradores de haber formado una organización criminal que se habría enriquecido durante décadas a través de actividades corruptas, aprovechando su posición política.
En los informes finales, el fiscal Fernando Bermejo acusó a las defensas del expresidente de la Generalitat y sus hijos de intentar convertir el juicio en «un ataque a Cataluña», contraponiendo el fraude fiscal supuestamente cometido durante años con el discurso «España nos roba» utilizado por el independentismo catalán.
«NADA PROBADO», DICE LA FAMILIA
El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, solicitó la libre absolución de su defendido, alegando que no se ha probado «nada». Sostuvo que el origen de la fortuna familiar proviene de la «deixa» o herencia de su abuelo, Florenci Pujol.
Durante su declaración como acusado, Pujol Ferrusola negó haber recibido dinero de constructoras a cambio de favores políticos y, al igual que su abogado, atribuyó el origen de su patrimonio en Andorra a la venta de láminas financieras procedentes de la herencia de su abuelo.
