El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha manifestado su opinión sobre la reciente compra y posterior venta de un ático por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. En su opinión, esta operación constituye un intento de adquirir una vivienda oficial de manera «a escondidas», utilizando recursos públicos de forma «dictatorial», y comparó estos actos con los que se podrían esperar en una «república bananera». Puente sostiene que estas acciones deberían tener repercusiones para la presidenta Isabel Díaz Ayuso en las próximos elecciones autonómicas.
En cuanto a la investigación que involucra al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), Puente indica que este debe ofrecer más explicaciones, pero también señala que existen motivos suficientes para considerar que la causa debería ser anulada, ya que las pruebas que justifican esta investigación no fueron obtenidas de forma adecuada.
En una reciente entrevista, Puente enfatizó que si el Gobierno autonómico deseaba adquirir una vivienda oficial para Ayuso, debería haber hecho el proceso con total transparencia, y no «a escondidas». Según el ministro, el argumento presentado para la compra era que se necesitaba una vivienda para llevar a cabo reuniones de trabajo mientras se llevaban a cabo obras en la sede de la Puerta del Sol.
Una operación «a su medida»
Puente también criticó que esta compra coincidiese con la venta de «los dos áticos» donde reside Ayuso con su pareja, localizados cerca de otro familiar. «Todo a su medida y a escondidas», reiteró el ministro. A su juicio, esta situación se ha intentado ocultar al público y se han usado recursos públicos de manera despótica. «Me hace gracia que se hable del ‘dictador Sánchez’; esta forma de proceder me parece bastante dictatorial, más propia de una república bananera que de una democracia», agregó.
Además, Puente notó que tras el verano se llevará a cabo el juicio contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por varios delitos relacionados con el software de la Universidad Complutense y la participación de una asesora de Moncloa en actividades privadas.
Si Begoña va a juicio, a ver qué hace la Justicia con esto
Si el caso de Gómez se traduce en un juicio, Puente considera que el asunto relacionado con la Comunidad de Madrid también podría sortear un recorrido penal. «Si ponemos en la balanza lo que acabamos de conocer sobre la Comunidad de Madrid, vamos a ver qué hace la Justicia con este tema», apuntó.
El ministro ha reprochado hasta el momento la falta de una explicación «mínimamente razonable» sobre la operación, dado que, una vez revelada la situación, Ayuso anunció la venta de la vivienda y otros inmuebles con el fin de destinar los beneficios a los afectados por los recientes incendios en la Sierra Oeste.
Además, criticó que el gobierno de la Comunidad de Madrid intentara justificar la compra señalando que otros ministros y presidentes autonómicos también cuentan con vivienda oficial. «Si ese hubiera sido el debate desde el principio, las cosas habrían sido diferentes», afirmó Puente, destacando que la situación debería haber sido afrontada de manera abierta, y no como una vivienda para uso laboral.
En su opinión, la defensa presentada ahora no es válida, considerando que este proceso fue llevado a cabo de forma oculta, a través de una sociedad mercantil, y que se realizó en «términos económicos absolutamente inaceptables», como el precio de 6.300.000 euros, que excede el rango de una vivienda oficial.
Para Puente, esta situación «debería» costarle las próximas elecciones a Ayuso, ya que no se trata de una polémica aislada, sino que es parte de «un conjunto de cosas que han ido sucediendo en torno a su vida», aunque reconoce que no se atreve a realizar pronósticos sobre el futuro.
Si la causa es nula, Zapatero sería una «víctima»
Por otro lado, hablando sobre la investigación contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Puente considera que hay una gran «sombra de nulidad» sobre las pruebas que dieron origen a las pesquisas. Aunque evita pronunciarse sobre el fondo del asunto, sostiene que el exdirigente socialista también debe ofrecer explicaciones públicas.
El ministro explicó que este caso se inicia a partir de la intervención de un teléfono en Estados Unidos hace seis años, que apareció en España en marzo de este año y que luego derivó en un procedimiento judicial. Puente etiquetó esta situación como un «obstáculo insalvable».
La prueba inicial, cuya validez está pendiente de ser corroborada, fue la que dio inicio al proceso y que llevó al juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a abrir una pieza separada sobre la influencia de Zapatero en el rescate público de la aerolínea Plus Ultra.
«Quiero saber si esa intervención telefónica se hizo con autorización judicial. Porque en mi país y en la Unión Europea, en el marco democrático en el que creo, esas cosas se realizan con autorización judicial, no las realiza la policía en un registro fronterizo», insistió. Hasta que no se aclare este punto, Puente reitera su negativa a ofrecer una valoración pública.
Si finalmente se decretara la nulidad de la investigación, Zapatero no sería considerado un «presunto delincuente», sino una «víctima de una operación» que, según Puente, «huele a chamusquina». Además, el ministro destaca que esta prueba haya aparecido «cinco años después», en un contexto en el que en España hay un Gobierno «bastante incómodo» para los Estados Unidos durante la administración de Donald Trump.
A pesar de todo, Puente sostiene que Zapatero se encuentra «en una situación en la que tiene que dar explicaciones públicas» más allá de las ya ofrecidas en TVE en julio pasado.
