La diputada de Podemos en el Congreso por Las Palmas, Noemí Santana, ha anunciado este viernes la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por prevaricación contra las autoridades a las que responsabilizan de que aún no se haya retirado el monumento a Franco de la ciudad. Esta acusación ha surgido en un contexto donde Podemos Canarias ha acusado al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de llevar a cabo una estrategia deliberada de dilatación para mantener el citado monumento.
Denuncia ante la Fiscalía
En su declaración ante los medios, Santana comentó que su partido considera que se está vulnerando la ley de Memoria Democrática, además de señalar la posible connivencia del Gobierno de Canarias. Indicó que los miembros de Podemos se reservan además la posibilidad de presentar una denuncia contra el Ejecutivo regional por los mismos motivos.
Violación de la Ley de Memoria Democrática
La diputada ha recordado que mantener vestigios franquistas en espacios públicos contraviene la Ley de Memoria Democrática. Por ello, instó a las instituciones competentes a que no pasen por alto el “marcado carácter franquista” del conjunto escultórico de Juan de Ávalos y dejen de buscar “vericuetos legales” mediante informes de parte.
Retraso en la retirada del monumento
El monumento en cuestión, situado en la avenida Francisco Laroche de la capital tinerfeña, ya fue incluido en la pasada legislatura en el catálogo de vestigios elaborado por la Viceconsejería de Cultura del Gobierno de Canarias, del que Podemos formaba parte. Según Santana, ha sido durante la actual legislatura que el Gobierno canario ha retrasado intencionadamente el avance en los trámites para su retirada.
Apología del franquismo
La diputada agregó que el monumento no solo hace apología del franquismo, sino que también celebra el golpe de Estado de 1936, tal como se recoge en la hemeroteca. Asimismo, mencionó que la Universidad de La Laguna ha emitido informes que respaldan esta afirmación.
Estrategia de elusión
Santana también acusó al Ayuntamiento de Santa Cruz de tratar de eludir la ley y alargar el proceso con el fin de intentar derogar el catálogo de vestigios franquistas. Además, subrayó que se busca declarar el monumento como bien de interés cultural, basándose en informes que favorecerían esta posibilidad. Expresó su preocupación por el expediente incoado por el Cabildo de Tenerife, a petición del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que sugirió que se estudie la posibilidad de declarar el monumento como BIC.
Contexto político
Podemos ha vinculado esta estrategia de dilatación a la intención de quienes gobiernan el Ayuntamiento y el Gobierno canario, Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), de no querer incomodar a posibles socios como Vox. Santana mencionó ejemplos de pactos entre CC, PP y Vox en ayuntamientos como Teguise (Lanzarote) o Arona (Tenerife).
Expectativas respecto a la denuncia
En cuanto al futuro de la denuncia presentada, Noemí Santana espera que el fiscal evalúe la legalidad del accionar del Ayuntamiento y confirme si existe un posible delito de prevaricación. “Vamos a ir a todas las instancias que podamos para defender que hay un incumplimiento claro y notorio de la ley de memoria democrática. Lo que nos piden las víctimas de la dictadura franquista es reparación y verdad”, resaltó la secretaria general de Podemos en Canarias.
Reflexión sobre la transición democrática
Santana opinó que la reacción de algunas administraciones públicas y del ámbito judicial contra la retirada de simbología franquista pone de manifiesto que “el proceso de transición a la democracia se hizo de aquella manera”. En cuanto a la posibilidad de resignificar el monumento, postura defendida por CC y PP, destacó que esta decisión debería ser tomada por la ciudadanía de Santa Cruz, reafirmando que los monumentos franquistas no deberían tener lugar en espacios públicos.
