Madrid, 8 de enero de 2023. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentará este viernes el nuevo modelo de financiación autonómica. En los últimos meses, las comunidades autónomas han vuelto a poner sobre la mesa los criterios que consideran que deben privilegiarse en este sistema. Hay una diversidad de opiniones: algunas comunidades creen que se debería ponderar más la población ajustada; otras coinciden en la necesidad de anteponer el PIB regional, mientras que la mayoría aboga por tener en cuenta aspectos como la despoblación o el envejecimiento.
El Gobierno central aún no ha concretado ningún detalle sobre el nuevo modelo, limitándose a trasladar su intención de combinar la multilateralidad y la bilateralidad. También se ha informado que el nuevo sistema podría reportar 4.700 millones de euros adicionales a Cataluña, según ha afirmado Oriol Junqueras, líder de ERC, tras su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La última propuesta que presentó Hacienda, hace varios años, se centró en la población ajustada, aunque finalmente no se materializó. Ahora falta por determinar si Hacienda ha estado trabajando sobre este texto propuesto a las comunidades o si tiene en mente otro escenario. Montero ha afirmado que ninguna comunidad saldrá perjudicada y ha anunciado que en algunas figuras tributarias se incrementará el porcentaje de cesión a las regiones.
A medida que las comunidades autónomas y el propio Gobierno han ido avanzando en sus posturas, se perfilan cambios significativos en el nuevo modelo de financiación autonómica. El Ejecutivo central prevé eliminar las entregas a cuenta durante los próximos años, que son fundamentales para el actual sistema de financiación. Este nuevo modelo también debe considerar la singularidad catalana acordada entre el Gobierno central y el de Salvador Illa, dado que aún no se ha cerrado un pacto sobre la recaudación de impuestos en esa comunidad.
Ocho CCAA unidas por la despoblación
El debate sobre el modelo de financiación autonómica siempre ha provocado diferentes posturas territoriales. Algunas comunidades piden que se considere la dispersión territorial, mientras que otras defienden otros criterios. Sin embargo, la mayoría reclama que se priorice la despoblación y el envejecimiento de sus habitantes, lo cual conlleva un costo significativo para las arcas autonómicas.
Ocho regiones han solicitado que se consideren estos criterios prioritarios: Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y La Rioja. Hace unos años, el actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta de Galicia, convocó a otros siete ‘barones’ autonómicos para aprobar una declaración que instaba a tener en cuenta estos factores.
¿Qué CCAA piden la población ajustada?
Además, hay comunidades comúnmente conocidas como ‘infrafinanciadas’ que han estado reclamando al Gobierno central el establecimiento de un fondo de nivelación transitorio, mientras se reforma el modelo de financiación autonómica. Entre estas comunidades se encuentran la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía, que abogan por priorizar la población ajustada en el nuevo modelo de financiación.
En contraste, las tres grandes comunidades en términos económicos —Madrid, Cataluña y Baleares— están apostando por considerar el Producto Interior Bruto (PIB) regional para el nuevo modelo de financiación autonómica.
PIB o insularidad
Baleares y Canarias han propuesto, además, los criterios de insularidad para compensar su situación en el sistema de financiación que se está trabajando. El Gobierno insiste en que cualquier acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica debe implicar un consenso entre PSOE y PP, lo que complica las negociaciones, dada la diversidad de criterios entre los ‘barones’ territoriales del PP.
El calendario del próximo modelo
Montero presentará el nuevo modelo este viernes en una rueda de prensa desde el Ministerio de Hacienda. El Gobierno planea convocar un Consejo de Política Fiscal y Financiera exclusivo para tratar la nueva financiación autonómica. Es importante destacar que el Gobierno posee el 50% de los votos en dicho Consejo, lo que significa que solo necesitaría el apoyo de una comunidad para que la propuesta avance en este foro multilateral.
Posteriormente, el modelo se llevará para su aprobación en el Consejo de Ministros y luego al Congreso de los Diputados, donde requerirá una mayoría suficiente para su aprobación. La intención del Gobierno es que entre en vigor en 2027, buscando alcanzar un amplio consenso que garantice su estabilidad en el tiempo. Sin embargo, Montero ha expresado que el PP parece no estar dispuesto a «ni siquiera discutir» el nuevo modelo.
