La energía nuclear es lenta, cara, peligrosa y dependiente de combustibles de terceros países. Por esta razón, va en dirección contraria a la soberanía energética y a un modelo de transición justa que coloque a la ciudadanía en el centro de la actividad energética.
Las organizaciones medioambientales indican que, desde que se alcanzó el acuerdo voluntario de cierre ordenado en 2019, los datos evidencian que la energía nuclear no puede competir con los bajos costes de operación de la energía eólica y solar. En momentos de producción renovable alta, como durante las horas centrales del día, el precio mayorista se desploma y la energía nuclear no logra cubrir ni siquiera sus costes de combustible. Por ejemplo, en 2024, la central nuclear de Almaraz I tuvo que parar 16 días, mientras que Cofrentes lo hizo por 26 días, todo ello por cuestiones económicas, una tendencia que se ha intensificado en 2025.
España tiene renovables, no necesita energía nuclear
El sector nuclear requiere operar en condiciones ventajosas y con pocos cambios de potencia, lo que provoca la expulsión de parte de la producción renovable de la red, al no poder reducir su potencia de manera rápida y segura. Además, la continuidad de los reactores crea un marco de planificación energética inconsistente, que genera un horizonte de inseguridad jurídica y un bloqueo a las inversiones en almacenamiento, energías renovables y redes imprescindibles para descarbonizar el sistema.
Durante el reciente apagón, las centrales nucleares no aportaron ni resiliencia ni capacidad para una recuperación temprana, sino todo lo contrario.
La energía nuclear implica costes crecientes y fuertes inversiones para garantizar su continuidad. Expandir su funcionamiento más allá de los 40 años supone aceptar un riesgo creciente y exigir inversiones millonarias. Por ejemplo, la extensión por 10 años de dos reactores belgas de potencia similar a Almaraz costará hasta 2.500 millones de euros, mientras que la renovación de Garoña, que tiene menos de la mitad de la potencia de Almaraz, requería más de 200 millones de euros.
Las organizaciones denuncian que el oligopolio nuclear está presionando para evitar asumir las consecuencias de su negocio, buscando reducciones o la eliminación de tasas que financian un fondo que ya resulta insuficiente para la gestión de los residuos nucleares a lo largo de siglos.
Además, alertan sobre el legado radiactivo: cada año adicional de operación añade más contenedores con combustible gastado y eleva los costes de su gestión.
Por tanto, advierten que un incumplimiento del calendario de cierre podría convertir en papel mojado el 7º Plan Nacional de Residuos Radiactivos. Para 2030, habría cuatro reactores de 1.000 MW que necesitarían ser desmantelados, lo que implicaría un gran esfuerzo industrial y económico, además de ir en contra de un cambio ordenado hacia tecnologías de generación más limpias.
La continuidad de la central de Almaraz podría ser el preámbulo para el alargamiento de la vida útil de todo el parque nuclear. Ante tal escenario, es evidente que no se puede permitir disminuir la tasa que actualmente pagan las centrales nucleares por la gestión futura de sus residuos; en su lugar, debería incrementarse.
Respecto a la enmienda nuclear en la Ley de Movilidad Sostenible, las organizaciones critican que este tipo de estrategias legislativas son inaceptables, ya que invaden competencias del operador del sistema, del Consejo de Seguridad Nuclear y de los convenios internacionales.
Por encima de todo, no ayudan a mantener la credibilidad de los órganos legislativos en la regulación de una planificación energética estatal y a largo plazo.
La energía nuclear es un ‘mal negocio’
Finalmente, las organizaciones resaltan que la energía nuclear es una tecnología centralizada, costosa y dependiente de la importación de combustibles de países terceros, lo que compromete la soberanía energética y se aleja de un modelo de transición justa que sitúe a la ciudadanía en el centro de las decisiones energéticas.
La península ibérica cuenta con un recurso renovable excepcional, tanto por su abundancia y estabilidad, como por su amplia distribución geográfica. Esto convierte al Estado español en un entorno idóneo para desarrollar un sistema energético basado plenamente en fuentes renovables, eliminando la dependencia de la energía nuclear.
Por todas estas razones, las cinco organizaciones ambientales renuevan su exigencia al Gobierno central para que mantenga el actual plan de cierre de las centrales nucleares, puesto que consideran esta energía demasiado costosa y dependiente de la importación de combustibles de terceros países.
Además de generar residuos radiactivos de larga duración y los riesgos asociados a su gestión. Todo esto se presenta como un obstáculo para la transición energética y la estabilidad de la red eléctrica.
Por otra parte, mientras cuestionan la seguridad de las instalaciones, subrayan que la generación de residuos radiactivos continúa siendo un grave problema y que para financiar a las nucleares es necesario sacrificar recursos de las energías renovables.
Finalmente, recalcan que este tipo de generación energética es significativamente más costosa que las energías limpias, y por lo tanto, el plan de cierre no debe ser revertido ni paralizado, a pesar de las crecientes presiones desde el sector energético y ciertos partidos políticos.
