La ordenanza, que se votará en el pleno de la próxima semana, entrará en vigor el próximo 1 de diciembre, y hasta el 31 de diciembre de 2026 solo afectará a los vehículos matriculados fuera de la provincia de Valencia que tengan etiqueta A (los de gasolina matriculados antes del año 2001 y los diésel matriculados antes del año 2006).
A partir de enero de 2027, la limitación será para cualquier vehículo sin etiqueta de fuera de la ciudad, y a partir del 1 de enero de 2028 afectará también a los vehículos de los vecinos de Valencia.
Zona de Bajas Emisiones
La Zona de Bajas Emisiones se implantará de manera progresiva desde el próximo 1 de diciembre de 2025, hasta su establecimiento definitivo en 2028. Afectará a turismos, motocicletas y ciclomotores con etiqueta A (también llamados sin etiqueta), según el catálogo de distintivos medioambientales de la DGT.
Quedarán excluidos de las restricciones los vehículos asociados a actividades económicas (pymes, autónomos…). También, previa solicitud de autorización, los vehículos usados por titulares de tarjeta de estacionamiento PMR (Personas con Movilidad Reducida), los de familias numerosas o con menores de tres años a cargo, y aquellos donde viajen mujeres embarazadas o personas con movilidad reducida temporalmente.
Tampoco tendrán restricciones los vehículos de emergencias, los de servicios esenciales y los considerados históricos hasta 96 accesos al año. Además, previa solicitud de autorización, los vehículos afectados por las restricciones tendrán una bolsa de 48 accesos diarios para acceder durante el año natural.
Alegaciones y Críticas
Según el equipo de gobierno, fruto de las alegaciones recogidas, las personas con movilidad reducida tendrán una autorización adicional a las que estaban planteadas inicialmente en la ordenanza, para poder circular y atender sus necesidades de movilidad.
Hoy, a tres años de entrar en vigor la normativa para la ciudadanía de Valencia, solo un 8 % de los vehículos que circulan censados en la ciudad se verá afectado. Carbonell ha informado de que habrá una campaña informativa para que los usuarios conozcan los detalles del funcionamiento de la ZBE.
Desde Compromís, el concejal Giuseppe Grezzi ha anunciado que acudirán a todas las instancias que sean necesarias para que Valencia tenga una ZBE «en condiciones», pues «podría constituir una prevaricación en el uso de los fondos europeos, dado que no persigue reducir la contaminación atmosférica, tal y como prevé la convocatoria de las ayudas».
Las actuaciones financiadas a su cargo deben contribuir a los objetivos climáticos de la Unión Europea al menos con un coeficiente climático de un 40 %, algo que, según Grezzi, «no va a conseguir» la ordenanza.
La concejala socialista María Pérez ha lamentado que se hayan rechazado «todas las alegaciones» de las asociaciones de vecinos de Valencia, entre ellas San Marcelino, Petxina, la Roqueta, la Malvarrosa y Tres Forques, que pedían ampliar el perímetro, y las sugerencias de la Generalitat y de la Sindicatura de Comptes, desde donde se había advertido que «no solo no se cumplían los requisitos mínimos de la directiva europea, sino que se trataba de una normativa muy poco ambiciosa«.
La ordenanza, según Pérez, «no busca mejorar la calidad del aire», sino que «simplemente intenta cumplir con el trámite de tener una zona de bajas emisiones, aunque no tenga un impacto real”.
